Las tres causas judiciales que pesaban sobre Miguel Blesa, hallado muerto este miércoles de un disparo en el tórax, tendrán que cerrarse sin que se haya determinado su supuesta responsabilidad penal. La más avanzada era la del uso de la tarjeta black que se concedió en Caja Madrid. La relativa a los sobresueldos que tuvo en esta entidad estaba pendiente de juicio y la de las participaciones preferentes aún está en instrucción.
El calvario de Miguel Blesa comenzó el 16 de mayo de 2013. Aquel día acudió por primera vez a los Juzgados de Plaza Castilla porque un juez quería interrogarle por un crédito que había concedido al empresario Gerardo Díaz Ferrán cuando era presidente de Caja Madrid y que el entonces presidente de Viajes Marsans no había devuelto. Se trataba de una querella del sindicato Manos Limpias que un juez había admitido a trámite. No le dio ninguna importancia. Acudió al Juzgado tranquilo. Era una declaración de puro trámite. Pero el magistrado, Elpidio Silva, no lo vio así.
Aquella declaración se alargó a la tarde y el juez le anunció lo que nunca se habría imaginado: “Señor Blesa, le anuncio que va a ir usted a la cárcel”. Desde que Silva se lo comunicó verbalmente hasta que se le entregó el auto de prisión todavía pasaron un par de horas, que Blesa tuvo que esperar sentado, junto a su abogado, en uno de los bancos de madera de Plaza Castilla.
“Cariño, voy a la cárcel, tranquila”
A la primera que llamó fue a su hija: “Sí cariño, voy a la cárcel, pero estate tranquila”. La noticia de su ingreso en prisión comenzaba a publicarse en los medios de comunicación y su hija se enteró por la prensa.
Aquella tarde, sólo tres periodistas vivirían en primera persona, apostados en esos bancos de madera, la caída de uno de los hombres más poderosos del panorama político-económico. Blesa se codeaba con los principales banqueros y empresarios españoles, como Florentino Pérez. A pesar de ser el presidente de una caja de ahorros, aquellos que le conocían cuentan cómo su gusto por lo caro era excesivo. Si hacían un viaje al extranjero, él iba a hoteles más caros que otros presidentes de bancos con más poder adquisitivo. Todo, pese a que Caja Madrid no era suyo.
Aquella tarde del 16 de mayo comenzó su caída a los infiernos. Fue la primera noche que durmió en prisión. Silva le había impuesto una fianza de 2,5 millones de euros, que pagó en menos de 24 horas.
Al día siguiente, Blesa salió del centro penitenciario de Soto del Real. Parecía que todo había sido un mal sueño. Pero apenas dos semanas después, el 15 de junio de 2013, el juez le volvía a citar. Silva estaba convencido que Blesa había comprado el Banco de Miami por un precio muy superior a su valor real y saltándose los informes preceptivos de la Comunidad de Madrid.
Ese día, Blesa tuvo que volver a ver las caras al instructor que le había encarcelado. Su sorpresa fue que su peor pesadilla se repitió. El magistrado volvía a ordenar su ingreso en prisión pero en esa ocasión sin fianza, para que no pudiera pagarla y librarse de la cárcel. El juez lo justificó con la aparición de nuevas pruebas. La realidad es que Silva quería ver a Blesa entre rejas.
Esta decisión no fue muy acertada y en dos semanas el abogado de Blesa, Carlos Aguilar, consiguió que la Audiencia Provincial de Madrid anulara la decisión de Silva por estar injustificada y obtener su inmediata puesta en libertad.
Tras esta segunda decisión, el fiscal jefe de Madrid en aquel entonces, Manuel Moix, persiguió a Silva por haber actuado de manera prevaricadora contra Blesa. Y efectivamente, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid le condenó y expulsó de la carrera judicial.
Blesa respiraba hondo porque con Elpidio Silva fuera de los Juzgados su panorama judicial se despejaba. Ya sí podía decir que lo vivido en Plaza Castilla había sido un mal sueño. Durante un año, las cosas se calmaron aunque la sociedad ya estaba dividida ante la percepción de que se había perseguido a un juez por encarcelar a Blesa.
En octubre de 2014, otro juez le señalaba y en este caso no lo iba a poder remediar. El magistrado de la Audiencia Nacional Fernando Andreu le imputaba, junto a su sucesor Rodrigo Rato, y todos los consejeros y directivos de Caja Madrid, por utilizar durante años unas tarjetas, conocidas como 'black' para gastos personales a costa de los fondos de la caja y sin declarar a Hacienda.
Aquí saltaba el escándalo de las 'tarjetas black' con Blesa a la cabeza de la trama. Fue él quien había ideado esas tarjetas, con las que se llegó a gastar 15 millones de euros. La Fiscalía Anticorrupción vio claro que Blesa había instaurado un mecanismo para que directivos y consejeros de la caja pagaron sus gastos personales con dinero ajeno del circuito económico legal, sin declarar ni informar.
Las 'black', la gota que colmó el vaso
Las 'tarjetas black' fue la gota que colmó el vaso del malestar ciudadano y Blesa tuvo que soportar los insultos y el rechazo de gran parte de la sociedad. Él había conseguido llegar hasta donde llegó en buena medida por su relación de amistad con quien fuera presiente del Gobierno, José María Aznar. Pero desde entonces, esas relaciones de poco le sirvieron.
Miguel Blesa, increpado por preferentistas.
La instrucción por las 'tarjetas black' siguió su curso y Blesa, junto al resto de acusados, acabó sentándose en el banquillo de los acusados. La Audiencia Nacional dictaminó que quien fuera presidente de Caja Madrid fue quien ideó ese sistema y por lo que debía pagar con seis años de prisión, sentencia que todavía está pendiente de resolverse en el Tribunal Supremo.
Entretanto, este hombre de grandes excentricidades veía cómo su respeto y buen nombre se desmoronaban. La Fiscalía Anticorrupción le abrió otra investigación en Plaza Castilla por cobrar sobresueldos irregulares de Caja Madrid, por lo que se iba a enfrentar a cuatro años de prisión y tenía el juicio pendiente. Además, la Audiencia Nacional tiene abierto otro proceso judicial por las preferentes de la caja de ahorros y que con toda probabilidad iba a acabar salpicándole y obligándole a hacer de nuevo el 'paseíllo' en el órgano judicial.
Ahora, una vez que se notifique oficialmente su certificado de defunción, todos los jueces y Salas deberán comunicar el archivo de todas sus causas por fallecimiento.