La Guardia Civil entra al Parlament y Turull impide su acceso a la Generalitat

El gobierno catalán, a través de su conseller de Presidencia Jordi Turull, ha impedido a la Guardia Civil entrar en el Palau de la Generalitat, donde había acudido una comitiva a requerir información sobre el caso del 3% por orden del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC).

Pese a impedir la entrada a los cinco agentes de paisano de la Guardia Civil personados a las puertas del Palau de la Generalitat, en la plaza de Sant Jaume, el ejecutivo catalán se ha comprometido a entregarles la información requerida, por lo que los agentes permanecen en el lugar esperando que se la faciliten.

Según una fuente de la Guardia Civil consultada por Crónica Global, el Ejecutivo que preside Puigdemont no les habría impedido la entrada a su sede porque, aclara, "nuestras órdenes no eran las de registrar, ni siquiera entrar en las dependencias del Palau de la Generalitat".

Este mando aclara que "la orden que nos ha entregado el juez instructor del Tribunal Superior de Cataluña (TSJC) es muy clara: requieran al registro de Palau el libro de visitas y las actas de las reuniones del señor Gordó mientras fue secretario general del Gobierno de la Generalitat".

Así pues, con ese anuncio de haber impedido la entrada a la benemérita, denuncia, el Govern no habría buscado más que dotar de un "simbolismo ideológico" al supuesto bloqueo.

Visita previa al Parlament

Antes, el cuerpo había visitado el Parlament, de donde salió poco antes de las 12 horas tras recabar información sobre el diputado no adscrito de la Cámara catalana, Germà Gordó, de quien han copiado información de su correo electrónico.

Unos ocho o nueve agentes del Instituto Armado, encabezados por el fiscal anticorrupción José Grinda, han estado en las dependencias parlamentarias aproximadamente una hora, entrando al Departament d'Infraestructures, Equipaments i Seguretat.

Según fuentes de la investigación, la intención de los agentes era tener acceso al correo electrónico de Gordó y, como los diputados no tienen ordenadores de sobremesa sino portátiles, decidieron que no era necesario entrar en el despacho del exconseller.

La Guardia Civil actúa a requerimiento del magistrado del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) Carlos Ramos, dentro de la investigación abierta a Gordó por el caso de presuntas comisiones cobradas por CDC a empresarios a cambio de adjudicaciones de obras públicas. El caso se mantiene bajo secreto de sumario, y Gordó -exconseller de Justicia y exsecretario del Govern- está citado para declarar el próximo lunes como investigado por esta causa.

Los investigadores sostienen que este diputado habría participado en el amaño de por lo menos cuatro contratos para favorecer a empresarios a cambio de donaciones al partido a través de las fundaciones vinculadas a la formación. "Gordó podría haber efectuado gestiones para conseguir que, por parte de entes públicos, se otorgara contratación pública a empresas donantes de las fundaciones CDC, con vulneración de los principios que rigen la contratación pública”, recoge la exposición razonada remitida el pasado 4 de mayo por parte del juez del Vendrell encargado de la investigación, Josep Bosch, al TSJC y que consta en el sumario del 'caso del 3%'.

Según relata Bosch, se habría detectado que Gordó -marido de la vocal del Consejo General del Poder Judicial, Roser Bach- habría podido reunirse, durante todo el proceso de la contratación pública, con empresarios que finalmente fueron adjudicatarios de las obras analizadas, acompañadas también de donaciones a las fundaciones de CDC. Finalmente, el TSJC ha admitido la exposición razonada del magistrado después de que en diciembre le ordenara seguir investigando. El Juzgado del Vendrell no podía imputarle formalmente al tratarse de un aforado.

Las "obscenas" reuniones en la Generalitat

En el 'caso 3%', se señala como recaudadores y negociadores de "sobornos" a empresarios al tesorero de Convergencia, Andreu Viloca, y a Gordó. Ambos se reunían, según los datos incautados y analizados por la Guardia Civil y Fiscalía Anticorrupción, tanto en la sede de Convergencia como incluso en el propio edificio de la Generalitat con empresarios para negociar donaciones a cambio de obra pública.

Viloca ha sido detenido en dos ocasiones por esta causa e incluso en una ocasión fue enviado a prisión. Gordó está investigado por el TSJ de Cataluña al ser aforado. Según la investigación, Gordó llegó a recibir a empresarios en su propio despacho de la Generalitat para tratar sobornos a cambio de mediar para que alcaldes, o directores de empresas públicas les facilitaran las adjudicaciones públicas.

"Es el paradigma del tráfico de influencias el hecho de que muchas de esas reuniones de los empresarios tanto con el tesorero Viloca como con el diputado Gordó se hayan producido en la misma sede del CDC en la calle Córcega y de forma un tanto obscena en la propia sede del Palau de la Generalitat de Cataluña", afirma la Guardia Civil en un informe adelantado por este diario.

Las cuatro obras que le señalan

De la investigación se desprende que el hombre de confianza de Mas -gerente de CDC entre 2004 y 2011, secretario del Govern entre 2010 y 2012; conseller de Justicia desde el 2016- habría intervenido en el amaño del contrato de las obras de mantenimiento de los edificios escolares, adjudicado por el Consorcio de Educación. Entre otros datos, se han analizado las anotaciones de dos libretas del ex consejero delegado de la adjudicataria de la obra Copisa, Xavier Tauler.

A Gordó también se le relaciona con el amaño en la la licitación de la obra del Dique del Este del Puerto de Barcelona por 39,6 millones de euros concedida a la UTE formada por Comsa, Acsa, Copisa y Benito Arnó. Sobre esta adjudicación hay referencias tanto en la agenda de Tauler como del tesorero de CDC Andreu Viloca, investigados ambos en esta causa conocida como 'caso 3%'.

La tercera adjudicación que se vincularía a este diputado es una obra licitada por la empresa pública Infraestructuras de la Generalitat por un presupuesto de 3,3 millones de euros. Se adjudicó el 25 de octubre de 2012 a la UTE del Grupo Soler y Oproler. Las agendas del responsable en Cataluña de Oproler, Josep María Bassols, la de Viloca y la del ex director de Infraestructuras, Josep Antoni Rosell, habrían permitido establecer una serie de hechos que vinculan a Gordó en el amaño del contrato. Todos ellos están investigados en esta causa.

Por último, el juez analiza una serie de adjudicaciones que desde Infraestructures.cat se habrían concedido a la empresa Pasquina. El primer hito destacable es la existencia, el 11 de abril de 2011, de una reunión entre López Villalta, vinculado a Pasquina, con el director entonces de la empresa pública, Josep Antoni Rosell.

En la agenda de éste figuraría “La dirección Germá Gordó”. El 12 de abril se habría producido una visita de Pasquina. Se constata la adjudicación de una obra para la mejora de la carretera BV-1202 entre Ullastrell y Abrera de 252.980 euros por parte de la Diputación de Barcelona.