El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha ordenado el archivo de la investigación por el atentado contra la Embajada española en Kabul. Tras casi un año de investigación, el magistrado considera que no se puede determinar la responsabilidad del embajador español por homicidio imprudente por la falta de medidas de seguridad en el edificio.
Pedraz había aceptado admitir a trámite una querella conta el embajador de España en Afganistán, Emilio Pérez de Agreda, y al entonces segundo embajador, Oriol Solá, por el ataque talibán que sufrió la Embajada el 11 de septiembre de 2015 en el que murieron dos policías nacionales y otros siete resultaron heridos.
De las diligencias practicadas, Pedraz considera que no puede decirse que los querellados sean responsables de ningún delito. Además, en un auto explica que la embajada española estaba fuera de la zona de seguridad de Kabul y por tanto era más vulnerable a los ataques.
Para el juez, aunque el Estado español debió adecuar las medidas de seguridad no se puede hacer responsable de ello al embajador y a su segundo.
"Es cierto que se constituyen en máxima autoridad de oa delegación española" pero no son "expertos en seguridad" y, por tanto, no se les puede hacer responsables.
El magistrado da así carpetazo a la querella que había admitido a trámite, presentada por la familia de uno de los agentes fallecidos, Jorge García Tudela, y por los siete heridos en la que se subrayaba la falta de medidas de seguridad en la representación diplomática en la capital afgana. Estas deficiencias fueron comunicadas tanto al embajador como al Ministerio de Asuntos Exteriores.