Directrices del fiscal al mayor Trapero: los mossos deben "evitar" el referéndum

El documento entregado esta mañana por la Fiscalía Superior de Cataluña al mayor de los Mossos d'Esquadra, Josep Lluís Trapero, ordena a la Policía Autónoma Catalana que actúe "de forma inmediata" ante cualquier acto de "preparación y celebración" del referéndum independentista anunciado para el 1 de octubre y que ha sido suspendido por el Tribunal Constitucional.

Se trata de un escrito de 9 páginas que acaba de ser notificado tanto al jefe de los Mossos como a los responsables de la Guardia Civil y de la Policía Nacional en Cataluña. Mañana está previsto que se comunique por parte de los fiscales jefes de las cuatro provincias catalanas a los mandos de los tres cuerpos policiales en sus respectivos territorios.

El documento concreta las instrucciones a las que deben someterse los agentes dada su condición legal de policía judicial a las órdenes de jueces y fiscales.

El escrito reproduce los numerosos pronunciamientos y mandatos del Tribunal Constitucional sobre la ilegalidad del proceso soberanista y enumera las normas, tanto estatales como autonómicas, que configuran a los mossos como policía judicial. Entre ellas destaca la Ley 10/1994, de 11 de julio, de la Policía de la Generalitat de Cataluña.

Esta ley indica en su artículo 14 que "los miembros del Cuerpo de Mossos d'Esquadra adscritos a unidades de policía judicial dependen orgánicamente del Departamento de Gobernación y, según el artículo 444 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, dependen funcionalmente de los jueces, los tribunales y el ministerio fiscal, en el ejercicio y en el cumplimiento de las funciones que les encomienden".

El documento notificado por el fiscal superior, José María Romero de Tejada, señala, así, que "los Mossos d'Esquadra -al igual que Guardia Civil y Policía Nacional- como policía judicial, están obligados a seguir las instrucciones que reciban del fiscal a efectos de la investigación de los delitos y persecución de los delincuentes".

"La actuación de la Policía Judicial", añade en referencia al referéndum ilegal del 1-O, "ha de centrarse en la comprobación de la comisión del hecho, constatación de las circunstancias inmediatas e identificación de los presuntos responsables, con intervención de efectos o instrumentos".

A continuación se dan pautas de actuación destinadas a "las unidades policiales bajo su mando, en todos los supuestos de actos que se ejecuten en su demarcación por autoridades o funcionarios públicos o por particulares en connivencia con aquellos, dirigidos a la preparación y celebración del referéndum de autodeterminación, en tanto indiciarios de delitos de desobediencia, prevaricación y malversación".

La primera de las instrucciones señala que, ante cualquier hecho relacionado con la puesta en marcha o celebración del referéndum "se procederá a elaborar de forma urgente el informe o atestado oportuno, que contendrá todos los datos necesarios acerca de su ejecución, autoría, participación y circunstancias concurrentes".

El atestado o informe policial debe ser remitido "con carácter urgente" al jefe de la Fiscalía competente.

"Los funcionarios policiales practicarán de forma inmediata las diligencias necesarias para acreditar los hechos delictivos y determinar las responsabilidades penales exigibles, así como cuantas les encomiende el fiscal, remitiendo al mismo su resultado", añaden las instrucciones.

Destacadamente, se encomienda a los funcionarios policiales "evitar la consumación o el agotamiento de los delitos". Para ello "procederán directamente a adoptar las medidas necesarias para intervenir los efectos o instrumentos destinados a preparar o celebrar el referéndum ilegal, requisando urnas, sobres electorales, manuales de instrucciones para los miembros de las mesas electorales, impresos electorales, propaganda electoral, elementos informáticos, así como cualquier otro material de difusión, promoción o ejecución del referéndum ilegal".

El documento ordena que las instrucciones sean remitidas "de forma urgente", y en todo caso dentro del plazo máximo de 24 horas, a todas las unidades policiales que dependan de los jefes de los Mossos "con el objeto de que todos los funcionarios pertenecientes a estas unidades sean conocedores del contenido de la misma". Los mandos de la Policía Autónoma Catalana deben comunicar al respectivo fiscal jefe que han cumplido la orden de remitir las instrucciones a sus subordinados.