La instructora del Tribunal de Cuentas que ha investigado los gastos de la consulta independentista de 9-N, pagados con fondos públicos, acaba de entregar a los representantes legales del expresidente catalán Artur Mas, de tres de sus consejeros y de 10 cargos y funcionarios de la Generalitat una liquidación provisional en la que se les considera presuntamente responsables del menoscabo de 5.251.948,17 millones de euros.
De acuerdo con el acta de liquidación provisional conocida por EL ESPAÑOL, a Mas se le considera presuntamente responsable de esa cuantía integra, en la que ya están incluidos los intereses. Las cantidades imputadas a los miembros de su gobierno ascienden a 839.439 euros en el caso de Joana Ortega, 2.127.587 euros en el caso de Francesc Homs y 3.044.399 euros en el caso de Irene Rigau.
Estas son las cifras que se reflejan en el documento notificado por la instructora y que ha sido debatido por los abogados de los afectados, el fiscal, el abogado del Estado y los letrados de Sociedad Civil Catalana, organización que dio origen al procedimiento con una denuncia. Se trata, por tanto, de cuantías que pueden ser modificadas a resultas del acto y de hecho a su término ha sido exonerada la funcionaria Carolina Pardo.
Los dmeás deberán depositar fianzas por los importes que les correspondan y, en caso de que no lo hagan, el Tribunal de Cuentas procederá al embargo de sus bienes. Ninguno de ellos ha estado presente en la notificación de la liquidación provisional celebrado esta mañana en la sede del Tribunal de Cuentas en Madrid.
Los gastos
La cuantía atribuida a Ortega se debe a su presunta responsabilidad por los gastos generados por el registro de la página web institucional de la consulta ilegal, la fabricación del material utilizado en la votación y su transporte a los locales utilizados para la votación, el contrato de seguro de los voluntarios, la elaboración del soporte informático y el contrato para la campaña informativa desplegada por la Generalitat.
A Rigau se la considera presuntamente responsable contable del dinero utilizado en la adquisición de los ordenadores portátiles que se utilizaron en las mesas de votación.
A Homs se le imputan los gastos generados por la campaña de publicidad institucional, la elaboración del soporte informático, el envío de información y el centro de prensa montado para la cobertura de la jornada de votación.
La liquidación provisional incluye a cinco cargos y funcionarios del Govern: Lluis Bertrán, Josefina Valls, Ignasi Genovés, Jordi Vilajoana y Jaume Domingo. La instructora, María de los Llanos Castellanos, ha excluido a Jordi Serra, interventor de la Consejería de Presidencia, al haber acreditado documentalmente que no tiene responsabilidad en el libramiento de los fondos.
Fianzas solidarias
Los implicados tendrán que depositar fianzas de carácter solidario, por lo que tendrán que repartirse la cuantía que corresponda al mismo grupo de gastos y cubrir las cantidades que no depositen los que aleguen no tener bienes o no tenerlos en cuantía suficiente. Artur Mas es el único que está en todos los apartados de gastos presuntamente irregulares.
Así, afianzar los 54.694 euros empleados en comprar el material de la consulta (urnas, papeletas, etc) corresponderá a Mas, Joana Ortega y Josefina Valls. La fianza por la adquisición de los ordenadores (3.044.399) tendrá que ser asumida a medias por Rigau y Mas.
Los 876.560 euros gastados en la campaña de publicidad institucional deberán ser afianzados por Mas, Homs, Genovés y Vilajoana.
Artur Mas, Ortega y Valls responderán por el seguro de los voluntarios (1.531 euros), mientras que los dos políticos y Lluis Bertrán asumirán los 80,49 euros que importó el registro de la web de la consulta.
De la fianza correspondiente al soporte informático (759.470 euros) deberán hacerse cargo Mas, Homs, Ortega y Bertrán. Del envío de información (334.755 euros), Mas, Homs y Domingo.
Del centro de prensa (156.793 euros), Mas y Homs. Finalmente, de la campaña informativa (23.661 euros), Mas, Ortega y Valls.
A partir de ahora, la investigación de Castellanos pasará a la fase propiamente jurisdiccional, que terminará en sentencia.