La jueza de Granada que instruye el procedimiento por sustracción de menores contra Juana Rivas -la mujer que mantuvo en paradero desconocido a sus hijos, de 11 y 3 años de edad, desde el 26 de julio hasta el 28 de agosto, cuando finalmente cumplió la orden judicial del entregarlos al padre, Francesco Arcuri- ha requerido a ambos progenitores y "especialmente a Juana Rivas", así como a sus letrados y procuradores para que "se abstengan de hacer pública" en los medios de comunicación o en las redes sociales la vida íntima, personal o familiar de los niños.

La decisión de la magistrada, apoyada por el fiscal, responde a un escrito presentado el pasado día 14 por Arcuri para que se adoptaran las "medidas cautelares necesarias" a la vista de que su exmujer y uno de sus abogados, José Estanislao López, habían aparecido en distintos medios haciendo públicos aspectos íntimos de los niños particularmente delicados, como que el Juzgado está investigando un supuesto abuso sexual a uno de ellos. Se da la circunstancia de que un informe emitido el 30 de agosto por la fundación Márgenes y Vínculos, a la que el Juzgado encomendó un examen psicológico del menor, concluyó que no existía el más mínimo indicio de abuso sexual.

La resolución de la instructora, María de los Ángeles Jiménez, se refiere a la aparición de Juana Rivas en El programa de Ana Rosa el 6 de septiembre, a la de su abogado en Espejo Público el 12 de septiembre y a un artículo publicado en la página web de Interviu.

Protegerles, "deber primero y último"

"Evidentemente, no puede esta instructora sino acordar todas y cada una de las medidas interesadas por el Ministerio Público habida cuenta de que todas las partes procesales que concurren en este procedimiento tienen el deber primero y último de preservar a los menores", afirma la magistrada en alusión al completo dictamen emitido por el fiscal.

El informe de la Fiscalía propuso las medidas ahora adoptadas por la jueza: en primer lugar, requerir al padre, a la madre, a sus abogados y procuradores a que no revelen datos de los niños. En segundo término, "oficiar inmediatamente" a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia con el fin de que "advierta a las plataformas audiovisuales para abstenerse de publicar informaciones" que afecten a los derechos a la intimidad personal y familiar, al honor y a la propia imagen de los menores. Y, finalmente, oficiar a Ediciones Zeta para que "retire de forma inmediata" de la web de Interviu el artículo denunciado por Arcuri.

"Llama poderosamente la atención que precisamente sea la sra. Rivas quien de forma continuada y permanente, con su asistencia a los programas televisivos ya indicados de carácter nacional, esté hablando de sus hijos menores", señala la instructora, que recuerda que uno de los límites constitucionales a la libertad de expresión es, precisamente, la protección de los niños.

La magistrada se refiere también a la Ley General de Comunicación Audiovisual -que obliga a los medios audiovisuales-, según la cual "está prohibida la difusión del nombre, la imagen y otros datos que permitan la identificación de los menores en el contexto de hechos delictivos o emisiones que discutan su tutela o filiación".

El propio Tribunal Constitucional ha reiterado que los supuestos en los que están implicados menores de edad representan "un límite infranqueable tanto a la libertad de expresión como al derecho fundamental a comunicar libremente información veraz, sin que la supuesta veracidad de lo revelado exonere al medio de comunicación de responsabilidad por la intromisión en la vida privada de los menores".