Lesmes reclama actuar contra el "control político" del Govern a los jueces

El presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Carlos Lesmes, ha pedido este viernes al abogado general del Estado, Eugenio López Álvarez, que emprenda las acciones judiciales oportunas contra el acuerdo del Gobierno catalán de crear una comisión especial sobre la violación de derechos fundamentales en Cataluña, ya que la considera una "flagrante, insólita e injustificable violación" de la independencia judicial".

Lesmes, que además propondrá de forma inmediata a la Comisión Permanente del CGPJ la adopción de otras medidas en defensa de la independencia de jueces y magistrados, ha dirigido una carta al director de los servicios jurídicos del Estado "con el fin de restablecer el ordenamiento constitucional y legal" que, a su juicio, se ha visto "conculcado" con la creación de la citada comisión.

"Lo que no es de recibo es que el Poder Ejecutivo se arrogue una suerte de función supervisora de la actividad que puedan desarrollar los tribunales en el ejercicio de las competencias que conforme a la Constitución les atribuyan las leyes", añade en su escrito el presidente del Poder Judicial, que afirma que "el Govern de la Generalitat de Cataluña no puede, en modo alguno, desarrollar funciones de vigilancia y control de las actuaciones judiciales".

Lesmes recuerda además que la Generalitat puede recurrir las decisiones de los tribunales siempre que ostente legitimación procesal y material, "pero no someter a una suerte de control político, bajo además explícitas amenazas de emprender acciones genéricas e innominadas de responsabilidad contra los jueces y tribunales por la actuación que puedan desarrollar".

"Una vez más, se patentiza en la iniciativa normativa del Govern de la Generalitat el desprecio más evidente por los fundamentos del orden constitucional nacional y europeo", concluye el presidente del Supremo y del CGPJ.

Petición conjunta de las asociaciones

La actuación de Lesmes se produce después de que las siete asociaciones de jueces y fiscales existentes en España hayan expresado en un inusual comunicado conjunto su "rotundo rechazo" a la comisión creada por el Gobierno catalán. 

En el comunicado, la Asociación Profesional de la Magistratura, la Asociación Francisco de Vitoria, Juezas y Jueces para la Democracia, Foro Judicial Independiente, la Asociación de Fiscales, la Unión Progresista de Fiscales y la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales señalan que "sin entrar en la discusión de su significado político, dejamos constancia de nuestro rotundo rechazo a la constitución de una Comisión especial sobre la violación de derechos fundamentales en Cataluña".

"Se trata de un órgano innecesario", afirman, porque en España los derechos fundamentales y libertades públicas "están plenamente reconocidos por la Constitución y la ley y garantizados por los jueces y fiscales integrantes del Poder Judicial, en cuya función constitucional esa Comisión pretende nítidamente interferir. Nadie debe quebrar la necesaria separación de poderes públicos, ni menoscabar nuestra independencia, ni devaluar nuestra apariencia de imparcialidad, porque son garantías para todos los ciudadanos".

Las asociaciones han aprovechado el comunicado para "renovar nuestro compromiso de servicio público, para recordar que solo el respeto a la Ley y a los derechos de los demás, porque son el fundamento que hace posible nuestra vida en sociedad, son y serán las únicas pautas que guiarán nuestro ejercicio profesional. Jueces y fiscales no distinguimos ni distinguiremos entre partes".