La Fiscalía General del Estado tiene ultimada una querella por rebelión contra Carles Puigdemont para el supuesto de que declare la independencia de Cataluña. La querella se presentaría ante la Sala Segunda del Supremo e incluye la petición de detención inmediata e ingreso en prisión del presidente de la Generalitat.
El Estatuto de Autonomía de Cataluña establece que fuera del territorio de Cataluña la responsabilidad penal de los miembros del Ejecutivo catalán es exigible ante la Sala Penal del Supremo. Los expertos de la Fiscalía General no encuentran dificultades en sostener que a lo largo del proceso secesionista se han perpetrado fuera de Cataluña numerosos actos delictivos, desde la organización del 'censo' de catalanes residentes fuera de España para que votasen el 1-O hasta la implementación de webs en servidores de países extranjeros al servicio del referéndum, pasando por la promoción del independentismo en el exterior con cargo a fondos públicos.
La aplicación de esa disposición del Estatuto permitiría llevar la querella a la Sala Penal del Supremo, que preside Manuel Marchena, en vez del Tribunal Superior de Justicias de Cataluña, órgano del que se quiere alejar la presión que supone estar en el mismo territorio donde se encuentran todas las estructuras del proceso independentista.
La querella se extendería también a los miembros del Govern y de la Mesa del Parlament en la medida en que tengan una participación activa o determinante en la declaración de independencia.