La posibilidad -nada descartable- de que Carles Puigdemont continúe su huida hacia adelante con una declaración de independencia de Cataluña tendrá una contundente respuesta del fiscal general del Estado, José Manuel Maza, en forma de querella por rebelión. Traducido: petición de prisión inmediata y riesgo de 15 años en la cárcel como mínimo.

Se trataría de una acción desligada del artículo 155 y al margen de la aplicación de las medidas que ha planteado este sábado el Gobierno al amparo de ese precepto. La vía penal tiene sus propias reglas con independencia del devenir político y Maza escucha a los dirigentes del Gobierno y de la oposición, pero luego hace lo que le parece.

Esa actitud es la que explica que ordenara a la Fiscalía de la Audiencia Nacional pedir la prisión del mayor de los Mossos, Josep Lluis Trapero, y de los líderes de Asamblea Nacional Catalana y Onmium, Jordi Sánchez y Jordi Cuixart, una medida cautelar que miembros del Ejecutivo y del PSOE le sugirieron expresa y reiteradamente que no instara para no frustrar las posibilidades de alcanzar una salida política y por el temor a que se desataran problemas de orden público en Cataluña.

Por eso produce sonrojo oír a algún diputado del Congreso reprochar al ministro de Justicia, Rafael Catalá, que "el Gobierno hizo que la Fiscalía pidiera prisión a dos dirigentes de un movimiento civil que siempre ha sido no violento". No sé dónde miraba Xavier Domènech cuando la gente convocada por ANC y Omnium destrozaba los coches de la Guardia Civil frente a la Consejería de Economía y sitiaba a la comisión judicial que cumplía órdenes de un magistrado. Pero es que además las cosas fueron exactamente al revés: lo que el Gobierno pidió a la Fiscalía es que no planteara medidas de prisión. Es lamentable la ignorancia sin límites que exhiben con frecuencia los dirigentes de Podemos en cuestiones de Justicia.  

La Fiscalía tiene su propio guión. Y ya tiene ultimado un borrador de la querella por rebelión que falta completar con las líneas que escriba el propio Puigdemont si lleva a cabo su actuación golpista.

El destino ha hecho que esa querella se esté redactando entre las mismas paredes que acogieron las deliberaciones de los miembros del Consejo Supremo de Justicia Militar autores de la sentencia condenatoria del 23-F. Hace 35 años el máximo órgano de la jurisdicción castrense tenía su sede en el mismo palacio que hoy alberga a la Fiscalía General. No puede ser más coherente esa azarosa coincidencia que ha unido bajo el mismo techo la reacción jurídica a los dos golpes de estado contra la Constitución del 78.

El 23-F es precisamente el precedente al que ha acudido la Fiscalía para saber a qué atenerse en cuanto a la interpretación del delito de rebelión, consistente en el alzamiento violento y público para declarar la independencia de una parte del territorio nacional. Los colaboradores de Maza han encontrado en la sentencia que dictó la Sala Penal del Supremo sobre el golpe de Tejero el asidero para salir paso de las dudas sobre la concurrencia del requisito de que la eventual conducta rebelde de Puigdemont pueda considerarse violenta. La histórica resolución de la que fue ponente el magistrado Luis Vivas Marzal vino a admitir -interpretan en la Fiscalía General- una violencia potencial o un mero riesgo de violencia para entender consumado del delito.

"La rebelión se puede pactar y llevar a cabo de modo incruento sin que por ello se destipifique el comportamiento" criminal, declaró el Supremo en su sentencia sobre el 23-F, dictada el 22 de abril de 1983. "Lo que se proyecta y conviene como incruento se torna violento y belicoso tan pronto se ofrece resistencia u oposición a los planes rebeldes, los cuales nunca pueden aseverar -dado que el futuro no se puede predecir por los humanos- que su alzamiento, con toda seguridad, será incruento, sin víctimas y sin derramamiento de sangre".

A la Sala Penal del Supremo de hoy, presidida por un jurista fuera de lo común, Manuel Marchena, le correspondería hacer frente al eventual golpe de estado de Puigdemont como lo hizo la Sala Penal de Fernando Díaz Palos con el golpe de estado de Tejero. 

El fiscal general, lo mismo que el presidente del Supremo, Carlos Lesmes, prefieren traer a Madrid el enjuiciamiento del jefe del Govern y de aquellos que le acompañen en su intentona golpista. Ambos se han reunido en varias ocasiones en las dos últimas semanas y le han planteado a Marchena el escenario de esa crucial querella.

Si el Supremo se pone en marcha, Puigdemont y compañeros mártires ya pueden ir buscando una buena defensa jurídica. No hay tribunal más garantista pero tampoco más serio: que se lo pregunten a Homs. Con una Sala Penal que vive uno de sus mejores momentos (de relación entre los magistrados, de tiempos de respuesta, de nivel de debate y de calidad de las resoluciones) una cosa está asegurada: decida lo que decida, no se producirán las excentricidades con las que a veces nos sorprende la Audiencia Nacional, como la absolución de los asaltantes al Parlament de Cataluña en junio de 2011. La Sala Penal, precisamente con una ponencia de Marchena, corrigió el despropósito.