Los magistrados de la Audiencia Nacional salen en apoyo de la jueza Lamela

La Sala de Gobierno de la Audiencia Nacional, compuesta por los tres presidentes de Sala Concepción Espejel, Eduardo Menéndez y Ricardo Bodas, tres magistrados electos y la secretaria de Gobierno, ha hecho pública este lunes una declaración en la que piden el máximo respeto a la independencia judicial.

A pesar de que no se refieren a ningún juez en concreto, el escrito supone una defensa hacia el trabajo de la jueza de la Audiencia Nacional, Carmen Lamela, que ha enviado a prisión al vicepresidente de la Generalitat de Cataluña, Oriol Junqueras, a siete exconsejeros catalanes y a los líderes de las asociaciones independentistas ANC y Òmnium Cultural, Jordi Sánchez y Jordi Cuixart, por su responsabilidad en la celebración del referéndum del pasado 1 de octubre y la Declaración Unilateral de Independencia (DUI). El pasado viernes, la jueza también ordenó la detención y entrega del expresidente catalán Carles Puigdemont y cuatro exconsejeros que se encontraban con él en Bruselas.

CRÍTICAS RECIBIDAS

Ante las críticas que han surgido a raíz de las decisiones de la jueza Carmen Lamela -también en el ámbito judicial-, los magistrados han acordado por unanimidad emitir este escrito. En él defienden que "ante la grave situación en que se está desarrollando el ejercicio de la función jurisdiccional, exigen el máximo respeto a la independencia judicial de conformidad con la normativa internacional y la doctrina del Tribunal Europeo de Derechos Humanos que proclama la necesidad de la promoción de la confianza colectiva en la justicia, objetivo constitucional de primer orden y fundamento de nuestra convivencia en paz y libertad".

También defienden que "la independencia judicial es un instrumento esencial para el ejercicio de la función jurisdiccional y la tutela de los derechos y libertades fundamentales. Sin jueces independientes, no hay Estado de Derecho. Por eso quien cuestiona insistentemente la independencia de nuestros jueces y magistrados quiere erosionar la credibilidad de nuestra Constitución y del Estado de Derecho".