Anticorrupción pide la libertad de Ignacio González bajo fianza de 400.000 euros

La Fiscalía Especial Contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada pide dejar en libertad a Ignacio González bajo una fianza de 400.000 euros. El expresidente de la Comunidad de Madrid está en la prisión madrileña de Soto del Real desde el pasado 21 de abril tras ser detenido en el marco de la Operación Lezo. Su defensa ha solicitado su libertad hasta en cuatro ocasiones.

En un escrito remitido a los medios de comunicación, la Fiscalía señala que hay "consistentes elementos probatorios de la actividad delictiva de Ignacio González" aunque considera que "ha disminuido el riesgo de reiteración delictiva derivado del posible manejo de fondos en el extranjero gracias a la actuación judicial coordinada con países como Colombia y Panamá".

El juez que instruye el caso Lezo, Manuel García-Castellón, emitió un auto el pasado julio en el que apuntaba al "papel decisivo y necesario" de Ignacio González en la "trama criminal" a través de la que se habría enriquecido a través de la malversación de caudales públicos. 

Según defiende la Fiscalía, los hechos por los que se investiga al número dos de Esperanza Aguirre podrían tener una pena de prisión de más de 20 años. El juez imputa a Ignacio González los delitos de malversación de caudales públicos, fraude, organización criminal, prevaricación, falsificación de documentos, fraudes en las transacciones internacionales, cohecho y blanqueo de capitales. 

Por la gravedad de los hechos, la Fiscalía también considera que sigue habiendo un "evidente riesgo de fuga, sin que el arraigo familiar del investigado lo haga desaparecer" a pesar de las hasta cuatro peticiones de salida de prisión presentadas por su abogado Esteban Mestre.

La instrucción también ha puesto de relieve que el investigado podría tener un significativo patrimonio oculto tras entramados societarios radicados en paraísos fiscales, aunque el ministerio público entiende que "el transcurso del tiempo y el avance de la instrucción judicial también reducen dicho riesgo". Por eso han solicitado unas "medidas menos restrictivas de sus derechos fundamentales, garantizando al tiempo su sujeción al proceso".