La Fiscalía ha pedido el ingreso en prisión sin fianza de la presidenta del Parlament de Cataluña, Carme Forcadell, y los diputados Lluís Corominas, Lluís Guinó y Anna Simó y prisión eludible con fianza para Ramona Barrufet. Para el diputado de CSQP Joan Josep Nuet ha solicitado la puesta en libertad con medidas cautelares leves.

La Fiscalía considera que Forcadell, en las dos horas y cuarto que ha durado su declaración, no ha hecho una manifestación clara de desvinculación del desafío independentista, lo que apuntala, a juicio del Ministerio Público, el riesgo de reiteración delictiva e incluso el riesgo de fuga teniendo en cuenta que el president y parte del Govern -con el que Forcadell orquestó, según la acusación, una estrategia conjunta- se encuentra huido en Bélgica.

Los fiscales han alegado ante el instructor del Supremo, Pablo Llarena, que Forcadell ha continuado dando pasos esenciales para el avance de la hoja de ruta independentista al permitir la tramitación de todas las leyes de ruptura y la propia declaración unilateral de independencia pese a los reiteradas advertencias del Tribunal Constitucional de que no debía hacerlo por tratarse de iniciativas claramente inconstitucionales.

Sin esa actuación de la investigada el pròces no hubiera podido llevarse a cabo, dado que la intervención del Parlament era imprescindible para crear una legalidad 'paralela' y burlar la Constitución.

Forcadell no ha desistido de sus conductas a pesar de las sucesivas resoluciones del TC anulando todas las leyes separatistas ni tampoco lo ha hecho cuando el Tribunal Superior de Cataluña le ha abierto procesos penales por desobediencia, prevaricación y malversación.

Esta actuación de Carme Forcadell, que el propio TC ha calificado de "contumaz", conforma, a criterio de la Fiscalía, una situación de riesgo de reiteración delictiva que no puede conjurarse con ninguna medida cautelar menos gravosa como la fianza, la entrega del pasaporte o las comparecencias periódicas.    

El criterio seguido por los fiscales del Supremo es coherente con la línea mantenida el pasado día 2 en la Audiencia Nacional, cuando pidieron la misma medida cautelar para el exvicepresidente catalán Oriol Junqueras y siete exconsejeros del Govern de Puigdemont, que se encuentra huido en Bélgica. Los ocho se encuentran en prisión desde ese día por orden de la jueza Carmen Lamela.

Sólo el exconsejero de Empresas, Santiago Vila, eludió la cárcel mediante el depósito de una fianza de 50.000 euros, tras manifestar ante la instructora su desistimiento del proceso soberanista un día antes de que la declaración unilateral de independencia fuera aprobada.

Declaraciones "escurridizas"

La Fiscalía considera que las manifestaciones que han realizado tanto Forcadell como Corominas, Guinó y Simó sobre el sometimiento a las medidas del artículo 155 y la minusvaloración de la declaración de independencia en cuanto a sus efectos jurídicos han sido tan "escurridizas" que no pueden ser consideradas una sincera y auténtica desvinculación del proceso independentista.

A diferencia de los anteriores, Barrufet sí ha realizado unas manifestaciones claras en ese sentido, por lo que en su caso la petición del Ministerio Público es prisión eludible bajo fianza.

La situación de Nuet es distinta porque, en su caso, no votó a favor de la tramitación de la DUI, sino que se abstuvo en cuanto a su admisión a trámite y luego votó en contra de su aprobación. Por ello, la Fiscalía cree que puede permanecer en libertad aunque con un cierto control mediante la imposición de medidas cautelares leves consistente en comparecencias periódicas.

Fianza de 6,2 millones

Los fiscales del Supremo también han solicitado al instructor que fije una fianza de 6,2 millones de euros para garantizar el pago de las responsabilidades civiles derivadas de los delitos de rebelión o sedición para el caso de que los investigados sean condenados.

Se trata de una fianza solidaria, por lo que todos ellos deberán reunir conjuntamente esa cantidad en la medida de las posibilidades de cada uno. En caso de no cubrir la cuantía, sus bienes serían embargados.

La cifra reclamada por el Ministerio Público corresponde al presupuesto destinado al proceso soberanista en los presupuestos de Cataluña. Una cuantía igual ha sido fijada ya como fianza para los nueve exmiembros del Govern investigados en la Audiencia Nacional.