El cerebro y creador de las empresas de Gürtel, Francisco Correa, se ha ofrecido a colaborar con la Fiscalía y se ha quejado del trato diferenciado que, según él, le ha dado la Justicia, manteniéndole en prisión desde hace cuatro años. Tras su declaración, el juicio en el que se investiga la primera etapa de la trama, entre los años 1999 y 2005, ha quedado visto para sentencia.
Correa se ha ofrecido a colaborar con la investigación en todas las piezas que se vayan abriendo a partir de ahora, aunque ha pedido hacerlo "por su propio pie, porque levantarse cada día a las cinco y media de la mañana y venir en un furgón desde prisión es muy duro", según ha dicho. También se ha quejado de ser el único investigado por delitos de corrupción que lleva en prisión desde que fue detenido sin una sentencia firme. "¿Por qué estamos tratados peor que si fuéramos terroristas?", ha preguntado al presidente del Tribunal, Ángel Hurtado.
El cerebro de la trama ha llegado a su última declaración con una carpeta verde bajo el brazo, un pantalón vaquero y una americana azul marino con la que ha desfilado en multitud de ocasiones desde la cárcel de Valdemoro a la Audiencia Nacional. Ha defendido, como en otras ocasiones, que él no tenía conciencia de haber delinquido y que siempre ha dicho toda la verdad. Según él, su único error fue trabajar para un partido político (el Partido Popular).
Correa hace uso del turno de última palabra y ofrece total colaboración a cambio de salir de la cárcel
Correa ha dicho que la forma en la que él amañaba contratos con empresas y cobraba comisiones es una práctica habitual en España y se viene practicando desde hace décadas. "Por mis relaciones con algunos políticos y durante muchos años con el partido, utilicé y gestioné adjudicaciones de obras públicas con todas las empresas españolas, no voy a dar nombres porque si no me van a caer doscientas querellas más, pero ministros que ya han fallecido, expresidentes del Gobierno trabajan así en otros países de Sudamérica. Mi error fue que las empresas no me dieron un contrato", ha argumentado ante el Tribunal.
Correa también ha sorprendido haciendo una petición de indulto para el juez Baltasar Garzón, que comenzó a investigar el caso y fue suspendido de su actividad: "Es una víctima más, como yo", ha lanzado. El creador de la trama Gürtel ha defendido que "todas las personas que trabajaron con él eran buenos profesionales y no tienen antecedentes". En este sentido, asegura que solo buscaban eficacia empresarial. "Si tuviera que firmar un contrato con Donald Trump, también lo firmaría", ha defendido con cierta chulería.
El empresario ha reconocido delitos fiscales, pero no que montara una organización criminal, otro de los delitos por los que está acusado. Ha pedido su salida de prisión para comparecer diariamente en el juicio a la espera de la sentencia firme. Francisco correa ya cumple condena por la actividad de la trama Gürtel en Valencia desde febrero de este año. Por la primera época de esta trama en la que se investiga sus contratos con los ayuntamientos de Estepona, Pozuelo de Alarcón y Majadahonda, la Fiscalía pide 125 años de prisión para él.
Su exmujer pide perdón
La exmujer de Francisco Correa, Carmen Rodríguez Quijano, también ha hecho uso de su última palabra entregando un texto por escrito al juez. Trabajó para el departamento de comunicación del alcalde de Pozuelo de Alarcón y también está acusada de delitos fiscales. La Fiscalía dejó abierta la puerta, en su caso, para que fuera juzgada como cooperadora necesaria de los delitos.
Durante su comparecencia ha pedido perdón y ha asegurado que ella "no necesitaba quedarse con nada de nadie" porque su padre era muy generoso con ella. Ha acusado a su exmarido y al alcalde de Pozuelo de Alarcón de utilizarle y mentirle. Una versión que también ha respaldado Correa, quien ha eximido a su exmujer de cualquier responsabilidad.
Francisco Correa ya cumple condena por la actividad de la trama Gürtel en Valencia desde febrero de este año. Por la primera época de esta trama en la que se investiga sus contratos con los ayuntamientos de Estepona, Pozuelo de Alarcón y Majadahonda, la Fiscalía pide 125 años de prisión para él.