El Gobierno propone al juez del Supremo Sánchez Melgar como fiscal general

El Gobierno ha acordado esta mañana iniciar los trámites para el nombramiento del magistrado del Tribunal Supremo Julián Sánchez Melgar como nuevo fiscal general en sustitución de José Manuel Maza, fallecido el pasado sábado en Buenos Aires (Argentina) durante un viaje de trabajo.

A iniciativa del ministro de Justicia, Rafael Catalá, el Ejecutivo de Rajoy ha optado por repetir la fórmula de situar a un juez de la cúpula judicial al frente de la Fiscalía General del Estado, institución que desempeña un rol crucial en las causas abiertas contra los exmiembros del Gobierno de Carles Puigdemont, la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, y otros cargos institucionales de Cataluña promotores de la secesión unilateral de este territorio.

Sánchez Melgar, de 62 años y con casi 35 de antigüedad en la carrera judicial, accedió al Tribunal Supremo en 2000 gracias a la mayoría de vocales del Consejo General del Poder Judicial propuesta por el PP. Con anterioridad fue presidente de la Audiencia Provincial de Ávila, cargo para el que fue nombrado por primera vez en 1993 y reelegido en 1998.

Juez suplente de control del CNI

En el Supremo fue ponente de la doctrina Parot, establecida en 2006 y que impidió la excarcelación de numerosos presos terroristas y de otros delincuentes condenados por graves delitos múltiples. Esa doctrina fue contradicha por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, cuyo criterio ha sido criticado por Sánchez Melgar. "El fundamento de la 'doctrina Parot', que significa que no puede concederse la misma respuesta penal al asesino de una persona que al criminal en serie, es algo que me parece razonable", declaró el magistrado a EL ESPAÑOL.

Sánchez Melgar se opuso a la llamada doctrina Botín, sentada por la Sala Penal del Supremo en 2007 y por la que se negó a la acusación popular la facultad de sentar a un imputado en el banquillo si no es acusado por el fiscal o por la acusación particular. Esa doctrina libró al banquero Emilio Botín de ser juzgado por las cesiones de crédito del Santander.

Desde 2004, Julián Sánchez Melgar es juez suplente para resolver las peticiones del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) relativas a la realización de investigaciones con medidas (intervenciones telefónicas, entradas en domicilios, instalación de sistema de escucha ambiental) que precisan autorización judicial. Melgar actúa en asuencia del juez titular de control del servicio de inteligencia, el magistrado de la Sala de lo Contencioso-Administrativo Pablo Lucas. 

Cataluña

A lo largo de su carrera el nuevo fiscal general ha estado destinado en Cataluña en dos ocasiones, la primera como juez en Mataró durante un breve período y la segunda como magistrado en la antigua Audiencia Territorial de Barcelona, en 1987.

Los procedimientos iniciados en el Tribunal Supremo, en la Audiencia Nacional y en los Juzgados de Cataluña a raíz del desafío soberanista serán el principal reto de Sánchez Melgar como lo han sido para su antecesor, José Manuel Maza, con el que le unía una gran amistad. No sólo compartieron jurisdicción en la Sala Penal del Supremo sino que desde 2012 coordinaban juntos una revista de Práctica Penal.

Ambos redactaron sus tesis doctorales siendo magistrados del Supremo. Sánchez Melgar, que también ha ejercicio la docencia universitaria, dedicó su investigación a la inviolabilidad e inmunidad parlamentaria y se doctoró en 2012. Maza lo hizo el pasado julio con un trabajo sobre la responsabilidad penal de los partidos políticos.

La propuesta del Gobierno deberá ser valorada por el Consejo General del Poder Judicial en cuanto a los requisitos objetivos del candidato para ocupar el cargo de fiscal general (ser un jurista español de reconocido prestigio con más de 15 años de ejercicio efectivo). Antes de que el Gobierno haga efectivo su nombramiento, Sánchez Melgar tiene que comparecer en el Congreso para exponer su trayectoria y responder a las cuestiones de los grupos parlamentarios. 

Sea cual sea el resultado de ese 'examen' parlamentario, el nombramiento es una facultad exclusiva del Gobierno.