Pesimismo en las defensas de Junqueras y los exconsejeros: temen que Llarena les deje en prisión

Los abogados del exvicepresidente catalán Oriol Junqueras y los exconsejeros del Gobierno de Carles Puigdemont no son optimistas respecto a la suerte de sus clientes, que se conocerá este lunes. Temen que el instructor del Supremo, Pablo Llarena, mantenga en prisión a buena parte de ellos al no dar credibilidad a sus manifestaciones del viernes, cuando los investigados, con mayor o menor consistencia, intentaron sumarse a la vía Forcadell: acatar el artículo 155 de la Constitución y asegurar que en su actividad política futura se moverán dentro de los cauces legales, renunciando a la imposición unilateral de la independencia.

El magistrado no buscaba en absoluto una abdicación ideológica, sino una garantía de que los investigados no tienen intención de reincidir en el delito que se les imputa: imponer la independencia de Cataluña por la vía de la rebelión. 

Y Junqueras fue, precisamente, uno de los que menos convicción mostró en su discurso. Ni él ni el exconsejero de Exteriores, Raül Romeva, quisieron contestar ni al fiscal ni al letrado de Vox, Javier Ortega, que ejerce la acusación popular. A este último únicamente le respondieron las dos exconsejeras en prisión, Dolors Bassa y Meritxell Borràs, y el exresponsable catalán de Interior, Joaquim Forn.

Llarena permitió a las acusaciones consignar su interrogatorio, lo que motivó la insistente protesta de las defensas. El instructor, que siempre se muestra neutral, cordial, aséptico, hizo entonces una manifestación que preocupa a los abogados: "Es que el silencio también es interpretable".

Los defensores creen que el hecho de que el magistrado se haya tomado todo el fin de semana para elaborar su resolución tampoco es una buena señal. Afirman que un jurista experimentado como él no necesita tanto tiempo si su decisión fuera la puesta en libertad.

El núcleo operativo

Existe también el dato objetivo de que, a diferencia de Carme Forcadell y los exmiembros de la Mesa encausados, cuya contribución al proceso independentista se realizó de forma abierta y pública en el Parlament, los exconsejeros fueron el brazo operativo del proces y actuaron desde la opacidad y el sigilo. Las exigencias para revocar la prisión que acordó la jueza de la Audiencia Nacional Carmen Lamela son, así, superiores en el caso de quienes podrían reiterar su presunta actividad delictiva desde el reservado núcleo operativo del proceso soberanista.

Los exconsejeros acudieron al Supremo ya en situación de prisión incondicional y no tienen el deber de decir la verdad por lo que, como subrayó el fiscal Jaime Moreno, las manifestaciones que hicieron el viernes pudieran estar guiadas por el único interés de recuperar la libertad. 

Las fuentes jurídicas consultadas otorgan más posibilidades de estar hoy en libertad a las dos exconsejeras, que reflejaron en sus comparecencias las dudas de que el proceso soberanista hubiera debido llevarse a cabo de la forma en que se hizo, y Jordi Cuixart, que hizo un rotundo acatamiento del sistema constitucional y ha rechazado ir en las listas del 21D.