Los abogados de Puigdemont creen que han ganado la batalla jurídica a España

Las defensas de los exmiembros del Gobierno catalán huidos a Bélgica consideran que la retirada de la euroorden por parte del juez del Tribunal Supremo español Pablo Llarena "es el reconocimiento de que las autoridades españolas iban a perder" o, en otras palabras, que los abogados de Carles Puigdemont, Meritxell Serret, Antoni Comín, Lluís Puig y Clara Ponsantí han ganado la batalla jurídica en Bélgica: no habrá entrega a España.

La sorpresiva decisión de Llarena se basa en que al ser posible, de acuerdo con la Decisión Marco que regula la euroorden, que el Estado requerido (Bélgica) "deniegue parcialmente" la entrega de los reclamados se produciría una "restricción" de los delitos imputados para los que se encuentran fugados, "lo que dificultaría la respuesta homogénea que justificó la acumulación de las actuaciones [de la Audiencia Nacional y el Tribunal Supremo] e introduciría perturbaciones de defensa para los investigados que sí están a disposición de este órgano instructor, quienes podrían ser investigados y enjuiciados por todos los delitos que el instructor contempla, colocándose así en 'peor derecho” que quienes se encuentran fugados”.

Acuerdo increíble

La decisión del instructor de Supremo ha conseguido algo increíble: que la aplaudan tanto la defensa de los investigados como Vox. Este partido, que ejerce la acusación popular, considera que la retirada de la petición de entrega "beneficia al normal desarrollo de la instrucción" con el objetivo de que a los investigados "puedan exigírseles todas las responsabilidades a que haya lugar, sin distinciones perversas entre aquellos que son fugados de la Justicia –que resultarían los beneficiados por esta situación- frente a aquellos que no se han sustraído a la misma hasta ahora".

Para las defensas, sólo las noticias que haya recibido el instructor sobre la marcha del proceso en Bélgica pueden explicar que Llarena haya renunciado a la entrega del expresidente catalán y los exconsejeros.

Fuentes jurídicas afirman que la vista celebrada el lunes en Bruselas ante el juez flamenco que debía decidir sobre la entrega en primera instancia "fue extraordinariamente bien" para los intereses de los reclamados, hasta el punto, explican, que el fiscal renunció a hacer uso del turno de réplica.

Los argumentos de los defensores cubrieron distintos frentes: la inexistencia de la doble tipificación (en el derecho español y también en el belga) de los delitos objeto de la euroorden; la violación de derechos fundamentales de los investigados y, en especial, del derecho de defensa; el derecho a la inviolabilidad parlamentaria y la falta de carácter delictivo de los hechos imputados.

Violencia ¿de quién?

Las defensas señalan que una parte de sus argumentos se centró en cuestionar la resolución en la que Llarena se pronunció el pasado 9 de noviembre sobre la presidenta del Parlament y los exmiembros de la Mesa querellados. Describiendo  actos de violencia atribuidos a los independentistas, el instructor afirmaba que durante el referéndum del 1-O "murallas humanas defendían de manera activa los centros de votación, haciendo en ocasiones recular a las cuerpos policiales o forzando a estos a emplear una fuerza que hubiera resultado innecesario de otro modo".

"Es decir", le dijeron los defensores al juez belga, conocedor de las imágenes de las intervenciones policiales del 1-O profusamente difundidas por todo el mundo, "que la violencia la ejercieron miles de ciudadanos que sólo querían expresar su opinión en las urnas y no las fuerzas de seguridad que les aporrearon". "Esto es un problema de democracia", apuntalaron.

La receptividad de las autoridades belgas a alegatos de este tenor llevan a las defensas a pronosticar que, de haberse mantenido la euroorden, o se hubiera denegado o se hubiera concedido en términos muy perjudiciales para los intereses de España, por ejemplo negando que los hechos atribuidos constituyeran el delito de rebelión (que exige violencia en su comisión).

En cuanto pise España

Fuentes de la Fiscalía creen, en cambio, que la decisión de Llarena es una inteligente retirada estratégica que pone en un brete a los prófugos.

Dado que la orden de detención cursada dentro del territorio nacional no se ha revocado, Puigdemont y los exconsejeros tendrán que optar entre permanecer en Bélgica sin poder acceder a sus seguras actas de diputados y, por tanto, alejados del ejercicio de la política en el nuevo Parlamento catalán o ser arrestados en cuanto pisen España. Complicada alternativa: huidos sine die o 20 años de cárcel.