Un informe de la Guardia Civil entregado el pasado 23 de noviembre al Juzgado de Instrucción número 13 de Barcelona pone a Jordi Turull, exconsejero de Presidencia y actual candidato de JuntsxCat en las elecciones catalanas del 21-D, en el foco de un presunto delito de malversación de fondos públicos, además de prevaricación y desobediencia al Tribunal Constitucional, por haber autorizado el gasto de 502.639,61 euros en publicidad del referéndum ilegal del 1 de octubre.
El informe trata de determinar qué cantidades efectivas se utilizaron en la consulta independentista y asegura "estar en disposición de identificar unas cantidades que de forma indubitada se han empleado" en ella.
Una primera partida por un total de 224.835,25 euros, se destinó a la campaña para que los catalanes residentes en el extranjero se inscribiesen en un registro. Fue propuesta por la Dirección General de Difusión del Departamento de Presidencia, entonces en manos de Jordi Turull.
Campaña 'Civisme'
A la implicación de Turull en lo que puede convertirse en una acusación de malversación (delito que conlleva penas de cárcel) ha contribuido uno de sus colaboradores, Antoni Molons, exsecretario de Difusión y Atención Ciudadana del Departamento de Presidencia, al que la Guardia Civil tomó declaración.
Molons afirmó que fue Turull el que autorizó una campaña denominada Civisme, destinada a "fomentar el civismo entre la población" y presupuestada en 2,2 millones de euros.
La Guardia Civil afirma que, pese a su denominación, Civisme encubría la promoción institucional del referéndum con anuncios como el que empezó a emitirse a partir del 4 de septiembre con el lema "Has nacido con la capacidad de decidir. ¿Renunciarás?".
Los agentes vinculan de forma inequívoca ese anuncio con el referéndum ilegal porque en una segunda parte de ese anuncio, de 20 segundos de duración,
emitida a partir del 7 de septiembre "una vez firmado por todo el Ejecutivo [catalán] el decreto de convocatoria del 1-0", aprecia el siguiente mensaje: "Ahora, más que nunca, el futuro de Catalunya esta en tus manos. Participa en él. El
1 de Octubre referéndum", terminando con el logotipo de la Generalitat.
"El anuncio, aunque emitido en dos veces, está claramente relacionado con el referéndum declarado ilegal por el TC, por lo que debe entenderse que los costes del mismo, tanto para la creación como para su emisión, si fuesen procedentes de fondos públicos, constituirían malversación", señala el informe.
Renuncia de empresas
La campaña Civismo tuvo una azarosa vida. Tramitado el contrato por vía de urgencia, fue adjudicado por 2.242.466 euros a Carat España, pero esta empresa renunció a la adjudicación porque "el mensaje que se difundía no se correspondía con la campaña de Civismo y ello podría ser perjudicial para los intereses de la compañía ya que parecía ser una campaña vinculada al referéndum, como posteriormente se comprobó", según declaró a la Guardia Civil el consejero delegado de Carat, Fernando Boloix.
La Generalitat optó entonces por adjudicar la campaña a otra empresa, Focus Media, con un incremento de precio de 47.000 euros. Pero esta compañía también renunció al considerar que "se trata de una campaña política y no de civismo".
"Al ver la imposibilidad de su difusión (por la renuncia de Focus), se acuerda entre el conseller Jordi Turull y el dicente emitirlos solo a través de los medios públicos: TV3 y Catalunya Radio", declaró a la Benemérita Molons.
Fue una "campaña de pago" por la que TV3 y Catalunya Radio facturaron a la Generalitat 277.804,36 euros.