El presidente de La Razón y hombre fuerte del consejo de administración de Atresmedia, Mauricio Casals, ha declarado este lunes ante el juez de la Audiencia Nacional, Manuel García-Castellón, en condición de investigado por un presunto delito de tráfico de influencias. La Audiencia Nacional investiga si utilizó sus contactos políticos para intermediar con las Administraciones públicas y conseguir subvenciones y créditos favorables para la empresa Zed, de la familia Pérez-Dolset.
La declaración de Casals ha quedado marcada por un agrio intercambio dialéctico entre éste y el fiscal del caso, José Grinda. Cuando Casals ha terminado de declarar, se ha acercado al representante del Ministerio Fiscal y le ha dicho: "Tengo entendido que usted me persigue". A lo que el fiscal, según fuentes presentes en la sala, le ha contestado: "La Fiscalía persigue a todo aquél que considera está haciendo las cosas mal". Una conversación áspera que da cuenta del cariz que ha tenido la comparecencia del empresario como investigado.
Preguntado por unas facturas emitidas por La Razón a la empresa Zed, de una cuantía idéntica (470.000 euros) en sendas ocasiones y que la Fiscalía considera pueden responder a comisiones por haber ayudado a obtener subvenciones y ayudas públicas a favor de la empresa de Javier Pérez Dolset, Casals ha dicho no tener ni idea de dónde procedían. Ha defendido que él es el responsable editorial del diario y que era el presidente del consejo de administración de Audiovisual Española, empresa editora de La Razón, Santiago Barreno, quien se ocupaba de esos menesteres.
En concreto, la Fiscalía ha preguntado al empresario por una factura de 400.000 euros más 70.000 euros en concepto de IVA del año 2009. Casals ha dicho no saber de dónde procedía esa factura, indicando que probablemente se correspondería con un pago de publicidad.
Según fuentes del caso, el juez no descarta llamar a declarar próximamente como testigos a funcionarios del Ministerio de Industria y Turismo, desde el que se habrían concedido las subvenciones a la empresa tecnológica Zed gracias a la mediación de Casals, según la investigación. Ese es el motivo por el que durante su breve comparecencia de este lunes el presidente de La Razón no ha sido preguntado por su presunta intermediación política.
Además de Mauricio Casals, también han declarado este lunes en la Audiencia Nacional miembros de la familia de Javier Pérez Dolset, el mayor accionista de Zed, la empresa que ahora está en concurso de acreedores. El empresario ingresó en prisión preventiva este verano, donde estuvo durante 21 días, a raíz de una investigación de la Fiscalía Anticorrupción.
En el caso de la esposa del dueño de Zed, que ha declarado este lunes como imputada, es muy probable que se archive la causa contra ella, pues ella no tenía ninguna actividad en la empresa, a diferencia de su marido y de su hija Patricia Pérez-Dolset.