El empresario Daniel Humberto Mercado, dueño de la compañía de publicidad Over Marketing, ha confesado este martes en la Audiencia Nacional que el Partido Popular madrileño pagó los servicios que había realizado para la campaña de Esperanza Aguirre en el año 2007 a través de facturas a empresas constructoras.
En lugar de cobrar por sus servicios directamente al Partido Popular, Mercado ha explicado que habría emitido facturas a las empresas que el Partido Popular le habrían indicado, según ha avanzado Infolibre y confirman fuentes presentes en el interrogatorio.
Daniel Mercado ha asistido a la Audiencia Nacional en calidad de imputado por la presunta financiación irregular del Partido Popular en la Comunidad de Madrid en el marco de la Operación Púnica. La investigación le situaba precisamente en la documentación encontrada en el domicilio de Beltrán Gutiérrez, gerente del PP de la comunidad de Madrid.
Con la información recabada en el registro del domicilio, la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil redactó un informe en el que apuntaba a una 'caja B' del PP madrileño con hasta 1,5 millones de euros de procedencia desconocida. Ese informe fue aportado al juez que investiga la trama Púnica, Manuel García-Castellón. Este martes, el empresario ha declarado ante el juez de refuerzo, Diego de Egea.
Daniel Mercado también está siendo investigado por la presunta financiación irregular del Partido Popular de Palma que presidía Jaume Matas en las campañas de 2003 y 2007. El empresario publicitario también declaró ante el juez de Palma José Castro que habría cobrado en negro sus servicios de la campaña a través de facturas a otras empresas. En ese caso, según la investigación, las empresas también se habrían beneficiado de adjudicaciones del partido en el Gobierno.
Marjaliza dice sentirse amenazado por Francisco Granados
El empresario de Pinto y presunto conseguidor de la trama Púnica, David Marjaliza, también ha declarado este martes en la Audiencia Nacional sobre las adjudicaciones presuntamente irregulares de distintos municipios madrileños a la empresa madrileña Cofely.
Marjaliza, que salió de prisión tras reconocer los hechos y ofrecerse a colaborar con la Justicia, se ha negado a contestar al abogado de Francisco Granados, quien fuera número dos de Esperanza Aguirre, aludiendo a que se ha sentido amenazado por Granados en una conversación telefónica que obra en la causa.
El resto de defensas de los alcaldes madrileños imputados en la pieza de Cofely también han encontrado la declaración de hoy "injusta" e "insatisfactoria", según han explicado ellos mismos. Consideran que la situación de Marjaliza a raíz de prestarse a colaborar con la investigación está perjudicando a sus defendidos. Este martes era la primera vez que podían hacer preguntas a David Marjaliza en sede judicial, y el magistrado de refuerzo no les ha permitido plantear ninguna cuestión que no se ciñera a la pieza que hace referencia a los contratos de Cofely. El empresario se ha referido hoy a la trama en los ayuntamientos de Casarrubuelos y Torrejón de Velasco, según fuentes judiciales.
David Marjaliza aportó nueva documentación de estos contratos presuntamente irregulares al juez y este martes ha ratificado su declaración de mayo, en la que reconoció haber intermediado para conseguir esos contratos fraudulentos.