'El Bigotes' pide un careo con Vicente Rambla por la financiación ilegal del PP

Álvaro Pérez 'El Bigotes', responsable valenciano de Orange Market, ha solicitado al Juzgado Central de lo Penal de la Audiencia Nacional un careo con Vicente Rambla, exvicepresidente de la Comunidad Valenciana que también asiste como acusado al juicio del caso Gürtel Valencia.

Su abogado ha presentado un escrito, al que ha podido acceder EL ESPAÑOL, en el que considera que es necesario hacer uso de esta diligencia prevista en el Código Penal para esclarecer las contradicciones en las que ambos acusados han incurrido durante sus declaraciones en sede judicial al hablar el uno del otro.

Mientras Álvaro Pérez sostiene que distintos empresarios pagaron con su dinero trabajos para el PP realizados por Orange Market durante las campañas electorales de 2007 y 2008, lo que constituiría una financiación ilegal del partido, Vicente Rambla niega los hechos. Niega que los conociera y que Francisco Camps, expresidente de la Comunidad Valenciana, le ordenara que la empresa de organización de eventos cobrara por esta vía, hechos que defiende Álvaro Pérez.

De ahí que su abogado solicite al juzgado que fije una fecha y una hora para ese careo que considera "a los efectos legales de esta defensa completamente imprescindible, pertinente y útil, a fin de esclarecer la fiabilidad, validez y alcance de lo declarado uno por otro y otro por el uno".

Esta solicitud llega, además, unas horas antes de la comparecencia del también acusado Cándido Herrero, quien fue consejero delegado de Orange Market y que se habría ocupado de recibir y entregar el dinero en efectivo aportado por los empresarios para financiar al PP de Francisco Camps por orden de éste, según relató durante su declaración del pasado 19 de enero Álvaro Pérez.

Comparar hechos y personas

"En virtud del principio de contradicción y presentes todas las partes", como expone el abogado en su escrito y exige esta diligencia, el juzgador debería mediar entre los dos acusados para que puedan aclararse los extremos manifestados por ambos, si es que se acepta el careo.

Lo que busca el abogado es que ambos enfrenten sus versiones sobre los hechos -el  giro de facturas a terceros ideado, presuntamente, por Francisco Camps y con el que se habría financiado irregularmente al PP- así como sobre personas a los que ambos conocieron y que de una u otra forma podrían conocer las irregularidades.

El defensor de Álvaro Pérez solicita al juez "establecer relaciones de terceros nombrados y referidos y preguntados a ambos acusados". Entre esas personas menciona a la senadora y alcaldesa de Elda Adela Pedrosa Roldán, secretaria general el Partido Popular de la Comunidad Valenciana entre 2004 y 2007, a Nuria Romeral Castillo, jefa de prensa de Camps y nexo entre éste y Rambla, Paula Sánchez de León, secretaria autonómica de comunicación o Rafael Blasco Castany, que ocupó distintas consejerías de la Generalitat Valenciana.

El abogado de Pérez considera que la figura de este consejero es clave para dilucidar un pago de 350.000 euros realizado por el empresario Enrique Ortiz con el conocimiento de Vicente Rambla.

También expone el letrado Javier Vasallo que el careo permitirá "determinar y aclarar la declaración de Álvaro Pérez en relación o conocimiento por parte del señor Rambla, con otros acusados que siendo titulares, administradores, apoderados o gerentes u ostentando cualquier otro cargo dentro de la mercantil Orange Market SL puedan estar implicados con la presente causa, como Francisco Correa, Pablo Crespo o Cándido Herrero, de los que negó tener cualquier referencia o incluso implicación o conocimiento de cualquier otro implicado en las mercantiles que pueda extenderse incluso fuera del ámbito de la Comunidad Valenciana y que pudiera operar en otro ámbito territorial y que por supuesto esté relacionado con las mercantiles titularidad entre otros del señor Correa".

Contraponer las declaraciones de ambos

Álvaro Pérez aseguró durante su declaración en la Audiencia Nacional el pasado 19 de enero que Vicente Rambla era uno de los subalternos del expresidente de la Comunidad Valenciana, Francisco Camps, que conocía que distintos empresarios pagaron con dinero negro los trabajos de Orange Market para el PP durante las campañas electorales de 2007 y 2008 en la Comunidad Valenciana. Los propios empresarios también reconocieron los hechos para llegar a un acuerdo con la Fiscalía que les permitió transformar sus penas de prisión en multas económicas.

El exsecretario general del Partido Popular valenciano, Ricardo Costa, ha ratificado este miércoles durante su declaración en la Audiencia Nacional la misma versión que 'El Bigotes', implicando a Rambla. Costa también ha reconocido la financiación irregular del PP valenciano y ha situado a Francisco Camps y a sus viceconsejeros Víctor Campos y Vicente Rambla en la cúpula de las decisiones de dicha financiación.

Vicente Rambla, por su parte, se ha desvinculado de cualquier financiación irregular. Durante su declaración este miércoles 24 de enero en la Audiencia Nacional ha defendido que, a pesar de que fue nombrado director de campaña, nunca tomó decisiones sobre cómo se pagaron los actos. También ha negado una conversación con Álvaro Pérez en la que habrían hablado sobre cómo debían tramitar uno de esos pagos presuntamente irregulares de empresarios.

Según Rambla, Álvaro Pérez y él tan solo tenían una relación personal porque sus hijos iban al mismo colegio y en alguna ocasión "incluso habían ido juntos al cine". Se ha referido a 'El Bigotes' como un "fanfarrón aunque excelente profesional" que "se paseaba sin problema por todas las consejerías" porque tenía muy buena relación con todo el mundo.

Se adhieren los abogados de Crespo, Costa y la acusación popular

Los defensores de Pablo Crespo y Ricardo Costa también consideran pertinente la prueba y se han adherido a la petición de Álvaro Pérez. La acusación particular ejercida por el PSOE también cree que "aunque es una prueba absolutamente excepcional" debe admitirse porque "también es excepcional que ahora los acusados estén recordando y contando hechos que no contaron en la instrucción".

El Ministerio Público ha pedido más tiempo para poder leerlo con detenimiento y manifestará su posición durante un receso.

El defensor de Vicente Rambla se ha opuesto a la prueba. Considera que es más propia de la instrucción y no es pertinente. El abogado de Correa y Orange Market y el abogado del Estado tampoco consideran que deba celebrarse. "Que vengan aquí a enfrentarse dialecticamente los señores Rambla y Pérez sobre las relaciones que ya se han expuesto aquí, me parece que no va a aportar ningún hecho relevante", ha argumentado.