Los Mossos d'Esquadra recogieron en un exhaustivo parte de incidencias todo lo acontecido durante el 1 de octubre de 2017, día en que se celebró el referéndum ilegal convocado por el Govern catalán.
Los efectivos de la Policía catalana, desplegados en todos los colegios y centros donde estaba previsto que pudiera celebrarse la votación, relataron desde las seis de la mañana hasta las diez de la noche cómo transcurrió la jornada.
Ese parte ilustra muy bien cómo entendieron los Mossos que debían cumplir la orden del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña en el que se les pidió que "adoptaran todas aquellas medidas que impidan la consecución del referéndum sin afectar la normal convivencia ciudadana".
Basándose en ese peligro de "afectar a la convivencia", los Mossos no entraron a los centros porque había personas concentradas en el exterior, aunque fuera de manera pacífica.
La jueza también indicó que "Mossos d’Esquadra, Guardia Civil y Policía Nacional deberán actuar conjuntamente para la efectividad de lo ordenado, prestándose en todo momento el auxilio y apoyo necesario que haga posible el estricto cumplimiento de lo que aquí se dispone". Sin embargo, el parte de incidencias de los Mossos permite entender que, durante las actuaciones de la Policía y la Guardia Civil, la policía catalana actuó más como un observador.
Los manifestantes "se hacen responsables"
En dichos partes, hasta 416 que recogen incidentes en colegios de las cuatro provincias catalanas, los agentes de los Mossos repiten una y otra vez la misma frase: "Personas concentradas en el exterior. Actitud tranquila. No se puede entrar".
Una especie de consigna que demuestra que el Cuerpo catalán no encontró violencia ni resistencia en la mayoría de centros y colegios donde se colocaron las urnas y aún así no entró en el interior para comprobar si allí se estaba celebrando la votación.
"Local abierto, unas 20 personas en el exterior que no dejan acceder a la dotación policial. Actitud pacífica, se les informa y no quieren retirarse", se puede leer, por ejemplo, en una de las incidencias registradas a las 07.34 horas en un local de Amposta.
En algunas ocasiones sólo notifican el número de personas concentradas y ponen de relieve que hay gente de todas las edades. Levantan algunas actas e identifican a alcaldes y otros responsables de los municipios. Sin embargo, no les exigen disolver la manifestación.
"Local abierto, unas 100 personas en el interior. Se les informa de que deben cerrar y todos se hacen responsables. Gente de todas las edades. No se observan menores", se puede leer en otro de los partes registrado en Alcanar (Tarragona).
"Colegio cerrado por miedo a la Guardia Civil"
Cuando llegan los agentes de la Policía Nacional y la Guardia Civil sí comienzan a entrar en los centros y se dan escenas de violencia. Los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado cargan contra los manifestantes. Los Mossos también registran esas entradas y dejan por escrito las personas heridas por las cargas de la Guardia Civil.
Incluso a las cinco de la tarde en la Escuela Guillem Fortuny de Vilafortuny (Tarragona), los Mossos notifican que los manifestantes habían cerrado el colegio por "miedo a la llegada de la Guardia Civil".
El coronel de la Guardia Civil encargado de coordinar el dispositivo de todas las fuerzas de seguridad, Diego Pérez de los Cobos, declaró ante juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena el pasado 1 de febrero que la actuación de los Mossos fue "una estafa" para permitir la votación.
Así, la Benemérita ha recogido los partes de incidencias que el cuerpo catalán elaboró durante la jornada del referéndum en un extenso informe aportado primero al TSJ de Barcelona y después al juez Pablo Llarena del Tribunal Supremo.
Un día después de la declaración de De los Cobos, el juez del Tribunal Supremo decidió mantener en prisión a Joaquim Forn, exconsejero de Interior de la Generalitat, considerándole responsable de la inactividad de los 17.000 agentes a su cargo.
El director de los Mossos d'Esquadra, Josep Lluis Trapero, también está imputado por un presunto delito de sedición por su responsabilidad en el procès y la convocatoria del referéndum del 1 de octubre.
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