La colaboración de personas implicadas en un proceso penal “podrá tener algún objeto de atenuante si es relevante y se realiza en un momento adecuado”, ha dicho este jueves el fiscal general. “Pero si no es más que la palabra por la palabra, como una estrategia de defensa, no puede tener ningún valor”, agregó sin referirse a ninguna persona en concreto pero cuatro días después de la comparecencia de Francisco Granados ante el juez del caso Púnica, en la que lanzó acusaciones contra Esperanza Aguirre y Cristina Cifuentes.

“Las imputaciones se hacen con pruebas, no difamando a las personas”, añadió el fiscal general en un desayuno informativo organizado por Europa Press.

En este sentido, sugirió que “podría haber una reforma legislativa” para atajar las “difamaciones gratuitas” que, a su juicio, deberían ser objeto de sanción porque si no “se convierten en el algo que pueden realizarse sin coste y afectando de manera negativa al honor de las personas”.

Sánchez Melgar se refirió a la situación de Cataluña y señaló la necesidad de “recuperar la convivencia”. “Pero si se reiteran los actos de desobediencia a los tribunales o de desprecio a la Constitución sus autores encontrarán la respuesta de esta Fiscalía”, que será “serena y firme e inmune a cualquier tipo de presión”. “No seremos oportunistas ni políticos en esta materia”, dijo.

“No acertamos a entender por qué ha de cumplirse la ley en una parte del territorio del Estado”, añadió.

Señaló que la Fiscalía “no ha contemplado” poner fuera de la legalidad a las asociaciones independentistas ANC y Òmnium.

“Desanclarse” del Gobierno

Para el responsable del Ministerio Público, es preciso “desanclar” la Fiscalía del Ministerio de Justicia, reforzando su “independencia”. Sánchez Melgar se refirió en este sentido a la necesidad de avanzar en el cumplimiento de las recomendaciones del Greco. El Grupo de Estados contra la Corrupción del Consejo de Europa ha recomendado incrementar la transparencia en la relación entre el Gobierno y el fiscal, especialmente en lo que se refiere a las peticiones o instrucciones del primero al segundo, que deberían realizadse de "manera transparente, por escrito y con una publicidad adecuada”, según el Greco.

El “desanclaje” debería hacerse, en su opinión, con un nuevo estatuto orgánico que otorgue a la Fiscalía el control de su presupuesto y del régimen disciplinario de los fiscales, de forma que “no haya ninguna dependencia respecto al Ministerio de Justicia en cuanto a medios materiales y régimen de los fiscales”.

Consideró también que suprimir el cese del fiscal general cuando cese el Gobierno que le nombró, como está ahora previsto, reforzaría su independencia.