El juez Llarena advierte: el 'procés' "puede estar pendiente de reanudación"

En menos de cinco meses el juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena ha procesado por el más grave de los delitos posibles, rebelión, a las 13 personas a las que considera dirigentes del proceso iniciado en 2012 para la secesión unilateral de Cataluña, que desembocó el pasado 27 de octubre en la declaración de independencia.

La mayoría de ellos duerme desde este viernes en la cárcel y todo indica que allí permanecerán hasta la celebración del juicio, que se prevé para el próximo otoño. En el horizonte, una pena que rondaría como máximo los 30 años de privación de libertad en el supuesto de que el tribunal mantuviera esa calificación delictiva, agravada por la malversación de fondos públicos que, por un importe mínimo de 1,6 millones de euros, se imputa a los exmiembros del Gobierno de Carles Puigdemont.

El procesamiento acordado por Llarena ha determinado el encarcelamiento de los cinco investigados que se encontraban en libertad bajo fianza. La expresidenta del Parlamento catalán, Carme Forcadell; el frustrado candidato a ser investido presidente Jordi Turull y los exconsejeros Raül Romeva, Josep Rull y Dolors Bassa se suman a los cuatro encausados que ya estaban en prisión preventiva incondicional: el exvicepresidente Oriol Junqueras; el exconsejero de Interior Joaquim Forn, y los líderes de Asamblea Nacional Catalana y Ónmium Cultural, Jordi Sànchez y Jordi Cuixart.

Habría sido el mismo destino de la dirigente de ERC Marta Rovira de no haberse dado a la fuga en el último minuto. Ella eleva a siete el número de encausados prófugos de la Justicia, pero el magistrado reactivó este mismo viernes las órdenes europeas e internacionales de detención para seis de ellos: Puigdemont, Antoni Comin, Clara Ponsatí, Meritxell Serret, Lluis Puig y la propia Rovira. La séptima prófuga, Anna Gabriel, de la Cup, no será objeto de orden de detención europea o internacional porque ha sido procesada por un delito de desobediencia a la autoridad judicial, que sólo conlleva inhabilitación por un tiempo máximo de dos años y multa. Éste es el mismo delito por el que están condenados Artur Mas y tres de sus exconsejeros por celebrar la consulta independentista del 9N.

Mas ha eludido un procesamiento que, esta vez, hubiera sido para él mucho más grave que su primer proceso judicial. Llarena también ha excluido a la coordinadora general del PDeCAT, Marta Pascal, y a la presidenta de la Asociación de Municipios para la Independencia, Neus Lloveras. Lo ha hecho porque considera que los hechos acreditados en su caso no alcanzan a ser suficientemente graves.

Pero pese a abocar al banquillo a 25 de los 28 investigados y a tener ya en prisión a 9 de los 13 presuntos dirigentes de la secesión, el juez del Supremo advierte en el auto de procesamiento de que hay motivos para pensar que el "ataque al Estado constitucional" puede seguir en marcha.

"Este proceso [judicial] hace frente a un ataque al Estado constitucional que, con la voluntad de imponer un cambio en la forma de gobierno para Cataluña y del resto del país, integra una gravedad y persistencia inusitada y sin parangón en ninguna democracia de nuestro entorno, más aún por haberse desplegado aprovechando las facultades políticas y de gobierno que la propia Constitución otorga precisamente para la garantía de los derechos de todos los ciudadanos de esta comunidad autónoma y del país", señala LLarena.

"Un ataque", previene, "que puede estar en desarrollo, por más que se encuentre puntualmente larvado y que pueda pretender servirse de un relevo en sus protagonistas, pues eso es precisamente lo que se diseñó en el Libro Blanco que, en lo demás, se ha seguido con detalle".

El juez se refiere al Libro blanco para la transición nacional de Cataluña, presentado por Mas en septiembre de 2014 y en el que, según Llarena, el objetivo de la independencia "pretendía alcanzarse en todo caso, primeramente mediante un acuerdo pactado y, en caso contrario, de manera unilateral y forzando al Gobierno a asumir una situación de hecho que buscaba crearse".

"Es el propio Libro Blanco el que recoge la estrategia que se ha aplicado y el que define un reparto de funciones" entre los miembros del Govern, los dirigentes parlamentarios y los líderes de la movilización social. "Una estrategia y funciones que pueden no haberse interrumpido con ocasión de la aplicación del artículo 155 de la Constitución y que -cada vez con mayor nitidez- parecen estar latentes y pendientes de reanudación una vez que se recupere el pleno control de las competencias autonómicas", advierte por segunda vez Llarena.

El instructor destaca que "el propio Libro Blanco contemplaba que en la eventualidad de que la independencia no fuera consentida por el Estado, dado que la suspensión del autogobierno no podría tener carácter indefinido y mucho menos definitivo, la secesión se alcanzaría reanudando la desobediencia permanente al marco constitucional y legal y manteniendo una movilización ciudadana que terminaría por forzar al Estado a reconocer la nueva república".