El ministro de Justicia, Rafael Catalá, ha sostenido este miércoles que "hay causa sobrada para abandonar el conflicto" ya que "el 70%" de las reivindicaciones planteadas por las asociaciones judiciales "están abordadas o trabajándose".
Los sindicatos de Justicia llevan a la puerta del Ministerio sus protestas
Los colectivos de jueces y fiscales han acordado un plan de movilizaciones que comienza mañana, jueves, con concentraciones ante las sedes judiciales en protesta por lo que consideran una desatención al documento Catorce propuestas para la mejora de la Justicia que presentaron junto a las asociaciones de fiscales en junio de 2017. Para el 14 de abril se prevé una concentración en Madrid, después paros parciales y, finalmente, una huelga en principio fijada para el 22 de mayo.
Catalá, que ha presentado a los medios de comunicación el proyecto de presupuestos del departamento de Justicia para 2018, ha explicado que se contempla una subida salarial del 1,75% según el acuerdo Gobierno-sindicatos firmado el mes pasado, a la que se añadirán porcentajes adicionales ligados a retribuciones variables e incremento del pago por guardias que están negociándose con los representantes de las asociaciones de jueces y fiscales.
Subrayó que existen otras propuestas no relacionadas con las retribuciones que ya han sido acogidas en la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial que se tramita en el Congreso.
Todo ello le llevó a afirmar que "no me hace falta una huelga para negociar. Ya estamos negociando. Nuestro discurso es de lealtad y de contenidos. Espero que las asociaciones valoren la conveniencia de no llevar a cabo un escenario de conflicto porque no me parece que sea el escenario en el que estamos".
Justicia prevé disponer para 2018 de 1.926 millones de euros (cuatro veces menos que el Ministerio de Defensa, dotado con 8.086 millones). La cifra representa un 3,1% más que el año anterior.
El proyecto de presupuestos contempla 300 nuevas plazas de jueces y fiscales. La oferta total de empleo público se eleva a 3.759 plazas. La ley presupuestaria califica como prioritaria la Administración de Justicia, por lo que habilita una tasa de reposición del 100% para los distintos cuerpos, lo que permitirá la creación de 1.087 nuevas plazas. Además, y con objeto de reducir la temporalidad se ofertarán otras 2.672 plazas ahora ocupadas por personal interino.
La dotación para financiar la asistencia jurídica gratuita se eleva un 32,6%, hasta los 48,7 millones de euros, con los que se prevé incrementar los importes que se satisfacen por la prestación de este servicio por abogados y procuradores.
El esfuerzo en materia de violencia de género se traduce en 58,8 millones de euros, que irán destinados a la puesta en marcha de medidas de refuerzo de la asistencia jurídica gratuita, a las Oficinas de la Asistencia a las Víctimas y a las Unidades de Valoración Forense Integral.
Para la transformación digital de la Administración se proyecta una inversión de 131,3
millones.