El presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, Carlos Lesmes, ha salido en defensa del trabajo realizado por el tribunal que ha condenado a nueve años de cárcel a los miembros de La Manada -con independencia de cuál sea el resultado de los recursos que se presenten contra el fallo- y ha reclamado a los responsables públicos respeto para el sistema judicial.
La sentencia de la Audiencia Provincial de Pamplona ha sido criticada por dirigentes políticos de todos los partidos, con mayor contundencia por Podemos y PSOE. Pablo Iglesias se refirió a la sentencia con los términos "vergüenza y asco". Pedro Sánchez, por su parte, señaló en un tuit que "Ella dijo NO. Te creímos y te seguimos creyendo. Si lo que hizo La Manadano fue violencia en grupo contra una mujer indefensa, ¿qué entendemos entonces por violación? #NOesNo #Yo sí te creo".
El vicesecretario de Política Social y Sectorial del PP, Javier Maroto, ha indicado que aunque "como diputado" debe acatar cualquier resolución judicial, "como ciudadano y persona comprometida con las mujeres y contra la violencia ejercida contra ellas siento un profundo rechazo hacia la sentencia de 'La Manada' porque #NOesNO". El dirigente de Ciudadanos Albert Rivera ha escrito que "como cargo público siempre respetaré y acataré las sentencias judiciales, aunque no me gusten. Pero reconozco que como ciudadano y como padre me cuesta asumir la sentencia de La Manada".
El presidente del Poder Judicial señala en su comunicado que "todas las decisiones judiciales, como emanación de un poder público del Estado, están sin duda sometidas a la crítica pública y en este caso, como en todos, debe respetarse el derecho a la libertad de expresión".
"Ahora bien", añade, "cuando las críticas consisten en descalificaciones emanadas de personas que ostentan responsabilidades públicas, se compromete gravemente la confianza que nuestro sistema de justicia merece de los ciudadanos, debiendo recordarse que es nuestra Constitución la que establece una justicia impartida por jueces y magistrados profesionales, independientes e imparciales".
Lesmes subraya que el tribunal que ha juzgado a La Manada "ha valorado minuciosamente todos los elementos de prueba aportados por las partes de acuerdo con lo establecido en la ley y de conformidad con la jurisprudencia que resulta de aplicación, siendo éstos los únicos criterios a los que están sometidos los jueces, sin perjuicio de las posibles discrepancias que puedan existir sobre la calificación jurídica de esos hechos, que pueden y deben hacerse valer a través del sistema de recursos establecido en nuestro ordenamiento jurídico".
"Los jueces son el más importante baluarte para la protección y defensa de todas las víctimas”, concluye.