El Tribunal Supremo ha comunicado este lunes su procesamiento por desobediencia a los exmiembros de la Mesa del Parlament Lluis María Corominas, Luis Guinó, Anna Simó, Ramona Barrufet y Joan Josep Nuet. Todos, a excepción de Ramona Barrufet, han comparecido esta mañana ante el juez Pablo Llarena. Barrufet no ha podido asistir a la citación por temas médicos y ha pedido comparecer por videoconferencia. Lo hará el próximo 21 de mayo desde los juzgados de Lérida.
Todos están procesados por permitir la ilegal Declaración Unilateral de Independencia del Parlament de Cataluña. Tres de ellos, Corominas, Guinó y Simó, se han amparado en su derecho a no declarar para no contestar a las preguntas de la Fiscalía ni de la acusación. Joan Josep Nuet sí que ha contestado al fiscal Javier Zaragoza sobre las iniciativas que se fueron aprobando por la Mesa del Parlament. Nuet ha defendido que nunca tuvo consciencia de que estaba incumpliendo mandatos del Tribunal Constitucional, según fuentes jurídicas. Estas mismas fuentes trasladan que, durante su declaración, Nuet ha defendido que hubo votaciones en el Pleno del Parlament en las que votó en contra y que el auto de procesamiento es erróneo puesto que él sólo votó a favor en dos de las seis votaciones de la Mesa, y se abstuvo en otras cuatro. El magistrado le ha preguntado por qué se abstuvo en lugar de votar en contra, puesto que así también permitió que las decisiones salieran adelante.
Los exmiembros de la Mesa del Parlament se creían protegidos
Inviolabilidad parlamentaria
Los cinco exmiembros de la Mesa han defendido ante el magistrado que "ellos ejecutaban básicamente actos de trámite parlamentario", según ha explicado el exdiputado Lluis Guinó a la salida de su comparecencia. Durante sus breves declaraciones durante la indagatoria (la comunicación de su procesamiento) éstos han reiterado su declaración de noviembre y han defendido que "intuíamos que nos podía proteger la inviolabilidad parlamentaria", según Guinó.
Guinó también ha adelantado que solicitarán que se les retiren las medidas cautelares, que son la declaración semanal en un juzgado y la retirada del pasaporte. Una petición ante la que la acusación particular ejercida por el partido político Vox se posicionará en contra.
Los procesados han manifestado que hasta ahora han acudido siempre que se les ha requerido, por los que han solicitado no tener que hacerlo más. También han pedido que se les devuelva el pasaporte para "poder funcionar con normalidad".
Desobediencia a la autoridad
El juez Llarena consideró que los citados miembros de la Mesa del Parlament tuvieron una "tenaz y perseverante desatención del requerimiento que en diversas ocasiones les hizo el Tribunal Constitucional para que impidieran o paralizaran cualquier iniciativa que supusiera ignorar o eludir la nulidad de las resoluciones parlamentarias". De ahí que les haya procesado por un delito de desobediencia penado con la inhabilitación y multas económicas.