El titular del Juzgado Central de lo Penal, José María Vázquez Honrubia, ha comunicado durante la celebración del juicio del caso Gürtel Valencia que se celebra en la Audiencia Nacional, que los 2 millones de euros solicitados al cabecilla de dicha trama, Francisco Correa, como indemnización por el fraude a Hacienda que cometió, ha llegado este mismo martes a la cuenta de dicho juzgado.
Dicha cantidad que el acusado se comprometió a pagar con carácter previo a la celebración del juicio, ha llegado desde Credit Suisse, la entidad suiza donde Correa tenía su dinero, con el visto bueno de las autoridades suizas.
El propio magistrado ha comunicado la noticia en tiempo real -durante la que se espera que sea la última jornada del juicio en el que se aborda la financiación irregular del Partido Popular de la Comunidad Valenciana-. Mientras el abogado del Estado, Edmundo Bal, exponía sus conclusiones definitivas, Honrubia le ha interrumpido: "Acabo de recibir un correo con la confirmación de que dicha cantidad ha llegado al Juzgado Central de lo Penal", ha dicho.
Así, esos dos millones de euros, a diferencia de otras cantidades reclamadas a Correa entre sus fondos bloqueados, ha llegado al juzgado por los fraudes a Hacienda de la compañía Orange Market que éste fundó.
El propio Correa remitió al Juzgado Central de lo Penal una carta que previamente había enviado a Credite Suisse solicitando que hiciera una transferencia a la Audiencia Nacional por la mencionada cantidad. Dicha iniciativa dio lugar, a diferencia de otras actuaciones procesales anteriores respecto de los fondos cautelarmente bloqueados a Correa en las diligencias previas, a la comunicación de las autoridades suizas de de la orden de transferencia desde el banco a la cuenta del Juzgado de lo Penal. Una transferencia que se produjo el pasado 3 de mayo por 2.060.748 euros. Este martes, esa transferencia se ha materializado.
Subirse al carro antes o después
Correa, según ha explicado la Fiscalía, también remitió al Juzgado en enero de este año una carta donde reconocía los hechos descritos en la acusación "aportando datos relevantes en relación con los delitos y sus autores". De ahí que se su confesión se haya considerado como atenuante y se haya rebajado sustancialmente la petición de pena de la Fiscalía, desde los 22 años de prisión a los 7 años y tres meses de prisión.
En este sentido, la fiscal Myriam Segura ha explicado que "no se puede hacer el mismo reconocimiento a quien da un paso al frente al inicio que a quien lo hace después" como ha sido el caso del exsecretario general del PP valenciano, Ricardo Costa. Aunque éste reconoció los hechos durante el juicio, el Ministerio Público considera que su confesión llegó demasiado tarde.
La fiscal ha distinguido entre la actuación de Costa y la de Correa y los empresarios Enrique Ortiz y José Francisco Beviá, quienes "colaboraron muy al inicio" y "pagaron las multas que se les habían impuesto, lo que supone un signo material de colaboración con la Fiscalía", según ha expuesto el Ministerio Público.
Sin embargo, la Abogacía del Estado considera que el "único que ha hecho algo para colaborar con la Justicia y reparar el daño ha sido Francisco Correa", según ha dicho su representante, Edmundo Bal, durante su exposición de conclusiones definitivas. Según Bal, "él ha sido el único que se ha prestado a desbloquear sus cuentas en Suiza y pagar".