Juristas plantean que el fiscal general pueda ser reprobado por una mayoría simple del Congreso

Ocho juristas y un economista integrantes del grupo de trabajo sobre justicia penal de FIDE (Fundación para la Investigación sobre el Derecho y la Empresa) han presentado este martes en Madrid el documento Bases de un nuevo modelo de justicia penal, en el que plantean los aspectos esenciales de un futuro sistema procesal penal de nueva planta.

Dirigido por el prestigioso catedrático de Derecho Procesal Ignacio Díez-Picazo, el grupo ha estado integrado por el vicepresidente del Tribunal Supremo, Ángel Juanes, y por el exfiscal general Eduardo Torres-Dulce, además de Víctor Moreno Catena, Julio Fuentes, Cristina Jiménez Savurido, Juan Mora-Sanguinetti, Javier Sánchez Junco y Jesús Zarazalejos.

Se trata de un trabajo orientado a "facilitar el debate sobre futuras propuestas legislativas" que se impuso como condicionamiento que los cambios no necesiten una reforma de la Constitución y que recoge el parecer consensuado de los autores. Los nueve se sienten "solidarios con el resultado, aunque discrepen de algunas de las posiciones adoptadas".

Fiscal investigador

Uno de los asuntos controvertidos ha sido la asunción de la investigación criminal por los fiscales, con la que que algunos de los expertos no están de acuerdo pero que el documento aborda desde la premisa de que es la línea que se ha consolidado en las iniciativas prelegislativas existentes.

El cambio procesal, en todo caso, debería ir de la mano de una reforma "coordinada" del Código Penal, la Ley Orgánica del Poder Judicial y del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, subrayan. Sobre el primero, consideran que tiene que abordarse una reforma "integral" que "adelgace" el Código en el número de tipos delictivos y que revise el catálogo de penas.

De acuerdo con el documento, el Ministerio Fiscal es "la clave de bóveda" de la reforma de la justicia penal. Si la opción fuera atribuirle la investigación criminal, debería tener a su mando una genuina Policía Judicial, garantizar la imparcialidad en el ejercicio de sus funciones y regular de forma detallada la responsabilidad de los fiscales, empezando por el fiscal general.

"Si no se alcanzara una práctica que alejara la designación y cese del fiscal general del Estado de la 'lógica del Estado de partidos", todo el edificio diseñado caería por su propio peso", consideran.

El grupo de trabajo propone instaurar una convención constitucional en virtud de la cual el fiscal general del Estado sea nombrado "con la aquiescencia de los principales grupos parlamentarios de la oposición" y con un plácet del Consejo General del Poder Judicial que tenga "relevancia real" y se aleje del automatismo formal actual.

"Aunque legalmente no vincule el parecer del CGPJ, debería resultar políticamente inadmisible que se designase fiscal general a quien no concitase una amplia aprobación en el seno del Consejo", sostienen.

Y aunque el responsable del Ministerio Público continúe siendo nombrado por el Gobierno, "debería poder ser reprobado y, en su caso, cesado por mayoría simple del Congreso de los Diputados".

Los expertos consideran que el Ministerio Fiscal debería tener autonomía para la elaboración de su presupuesto y para la gestión de sus medios materiales y personales. Además, el Consejo Fiscal tendría que integrar a juristas no fiscales, "al menos en todo lo que tiene que ver con ingreso, ascensos, nombramientos y responsabilidad disciplinaria".

También habría que establecer límites a la facultad del fiscal general de separarse del criterio del Consejo Fiscal y de la Junta de Fiscales de Sala, y reforzar los mecanismos que impidan interferencias no justificadas en el trabajo del fiscal que esté asignado a un caso.

Otras consideraciones se refieren al derecho de defensa (en particular, que el defensor esté en una "posición idéntica" a la del fiscal); la creación no sólo de un juez de garantías (para las diligencias de investigación que afecten a derechos fundamentales) sino también de un juez de acusación que, una vez terminada la investigación, decida motivadamente si procede el sobreseimiento del caso o la apertura de juicio oral; la "drástica" reducción de los aforados y la reforma de la acción popular ponderando en qué delitos cabría su ejercicio.