El ministro de Justicia, Rafael Catalá, ha aceptado este jueves acometer una renovación de la Sección de Derecho Penal de la Comisión General de Codificación para incorporar a ella un número significativo de juristas mujeres de forma que su composición -históricamente monopolizada por hombres- sea "equilibrada".

Catalá no ha tenido otro remedio que asumir la modernización de la Sección Penal en clave femenina, que ha sido propuesta por la propia Sección: todos sus miembros -incluidos los designados por el ministro, sólo varones- han planteado al Ministerio el nombramiento como vocales permanentes de mujeres juristas en términos de condición previa a acometer el encargo de revisar los delitos contra la libertad sexual tras la polémica sentencia contra 'la manada'.

La primera reunión de la sección celebrada este jueves para abordar el encargo de Catalá ni siquiera ha empezado, por tanto, a analizar la cuestión. Al principio de la sesión Luis Arroyo Zapatero puso sobre la mesa la necesidad de incorporar a mujeres juristas y el planteamiento fue rápidamente secundado por todos.

La propuesta fluyó con naturalidad entre otros motivos porque había sido barajada por varios de ellos en los últimos días e incluso expresada en mensajes enviados al presidente de la sección, Esteban Mestre. Enrique Peñaranda, Manuel Cancio y Juan Carlos Carbonell ya se habían manifestado por escrito sobre la inidónea composición actual de la comisión por la ausencia de juristas mujeres, lo que consideran "inaceptable".

Integrada por 20 hombres, la Sección Penal fue renovada por última vez en 2015, cuando fueron nombrados Javier Boix, Jesus Silva, Borja Mapelli, Miguel Polaino, Peñaranda, Cancio y Mestre, este último como presidente.

Nadie alzó entonces la voz por la ausencia de mujeres, un déficit que también se observa, aunque no tan acusado, en las restantes secciones de la Comisión General de Codificación. La de Derecho Civil tiene 29 miembros, de los que sólo cinco son mujeres; la de Mercantil, 26 miembros, cuatro de ellos mujeres; la dedicada a Derecho Público, 26 integrantes, dos mujeres; y la de Procesal, con 19 miembros, cuatro son mujeres.

Todas ellas son más activas que la de penal. Los últimos trabajos relevantes de ésta se remontan a la reforma del Código Penal de 1980. Desde entonces su concurso no ha sido solicitado por los sucesivos ministros de Justicia, pese a que han sido numerosas y trascendentes las reformas criminales aprobadas. "Ningún Gobierno quiere ver condicionadas por los técnicos del Derecho sus políticas criminales, tantas veces sesgadas por el populismo", interpreta un miembro de la sección.

En los últimos 37 años el único encargo que la sección penal ha recibido ha sido el examen de la transposición de instrumentos financieros en la Unión Europea. Fue en 2016 y entonces nadie protestó por la composición íntegramente masculina del grupo asesor.

La petición de renuncia

La situación ha cambiado con la tarea de revisar los delitos sexuales. El pasado lunes, la práctica totalidad de las catedráticas de Derecho Penal (25 de una treintena) remitieron a Mestre una carta pidiendo a todos los miembros de la sección que dimitiesen para que ésta pueda componerse "conforme a los principios de transparencia, calidad académica, trayectoria profesional y paridad de género".

Compartiendo la necesidad indispensable de incorporar a mujeres como miembros permanentes, la petición de que los actuales vocales renuncien no ha sido bien acogida por muchos de ellos. Consideran que es preferible utilizar la vía de ampliar a 30 -el máximo posible- el número de integrantes. Además, dos de los actuales vocales han dimitido al margen de la reclamación de las catedráticas.

Francisco Muñoz Conde lo hizo mediante un escrito con críticas a lo que denomina "demagogia punitiva" y en el que ponía de manifiesto que "en los años anteriores ha habido muchas ocasiones para haber reunido a la Comisión de Codificación para informar sobre algunas de las reformas de gran calado que ha sufrido el Código desde su aprobación en 1995, sobre todo en relación con la última del 2015, que se aprobó en un par de meses, si que se pidiera opinión, ni parecer oficial a esta Comisión, siendo entonces ministro de Justicia el mismo que solicita ahora nuestro parecer".

Javier Moscoso, exfiscal general, anunció su dimisión durante la propia reunión de la sección este jueves. Recordó que tiene 83 años y que fue nombrado vocal de la comisión en 1979 por el ministro Íñigo Cavero, "pero ésta es la primera vez que me llaman". Moscoso aludió después a la necesidad de incorporar a juristas más jóvenes y a mujeres.

A la reunión no asistieron seis vocales (Juan Córdoba, Francisco Hernández Gil, Ricardo Pellón, Gonzalo Quintero, Gonzalo Rodríguez Mourullo y Jesús Silva). Sí asistieron dos de las seis catedráticas a las que Mestre y Catalá invitaron a trabajar en el encargo sobre los delitos sexuales (Avelina Alonso y Carmen Lamarca), así como la presidenta del Consejo General de la Abogacía, Victoria Ortega, y la exdelegada del Gobierno para la violencia de género Blanca Hernández Oliver.

Aunque el Ministerio ha fijado un plazo que finaliza el próximo 15 de junio para la realización del informe solicitado, los miembros de la Sección Penal no quieren "prisas". El plazo puede ser también una fuente de problemas en una comisión dispuesta a hacer oír su voz, para una vez que se acude a ella. Algunos de sus miembros, como Enrique Gimbernat, son pesos pesados del Derecho Penal cuya renuncia hubiera dejado la Sección Penal sin las voces más experimentadas.

En el trasfondo de la decisión de no aceptar la dimisión reclamada por las catedráticas ha pesado también la consideración de que los actuales vocales han sido nombrados por ministros de diferente adscripción ideológica, lo que proporciona a la comisión una pluralidad que temen que desaparezca si se deja en manos del actual Gobierno la renovación de todos los miembros.