La expresidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, ya está siendo investigada por los presuntos delitos de falsificación y cohecho, penados con entre tres y seis años de cárcel el primero y entre seis meses y un año de prisión el segundo, según recoge el Código Penal, en el caso del máster de Derecho Público que la llevó a dimitir. La titular del juzgado de instrucción número 51 que investiga el caso, Carmen Rodríguez-Medel, la ha citado a declarar el próximo 26 de junio.
Un día después de tomar declaración a la funcionaria y la profesora que ya estaban siendo investigadas precisamente por haber falsificado la nota de Cifuentes en el Trabajo de Fin de Máster (TFM) que presuntamente no habría cursado en la Universidad Rey Juan Carlos a pesar de que recibió un notable de media, la jueza ha decidido investigarla.
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Así, la expresidenta madrileña está citada a declarar para aclarar si realizó o no el máster en dicha universidad pública y, si no fue así, cómo pudo ser evaluada con una nota por encima de un 7 por un Tribunal cuya presidenta, Alicia López de los Mozos, también resultó ayer imputada por un presunto delito de prevaricación administrativa.
Lo desmintió
Cuando el pasado 21 de marzo Eldiario.es publicó que Cifuentes habría conseguido aprobar el TFM de dicho máster de Derecho Público con notas falsificadas, arrancó una polémica que la propia Universidad intentó zanjar con una rueda de prensa nada convincente.
La propia Cifuentes desmintió que dichas notas hubieran sido falsificadas por la funcionaria de la universidad Amalia Calonge, a la que supuestamente le uniría una relación de amistad y que también está investigada. La expresidenta madrileña dijo que la falsificación "carecía de fundamento" e incluso mostró su boletín de notas para intentar probarlo.
La publicación de un vídeo suyo en el que se le podía ver presuntamente robando dos cremas faciales de un supermercado Eroski fue la puntilla que finalmente le hizo anunciar su dimisión aludiendo a una campaña de acoso y derribo contra ella.
Finalmente, la jueza ha considerado que existen indicios para considerar que pudo incurrir en dos delitos de falsificación y cohecho y por eso la cita a declarar. También en junio comparecerán ante la juez el director de dicho máster de Derecho Público, Enrique Álvarez-Conde, en calidad de imputado, y la denunciante de la falsificación, Ángela Figueruelo, en calidad de testigo.