Llarena acusa el hostigamiento independentista: "Me miran en cada esquina"

El magistrado Pablo Llarena, instructor del proceso que se sigue en el Tribunal Supremo en relación con la declaración unilateral de independencia de Cataluña, ha suspendido este miércoles la declaración de la letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de Instrucción número 13 de Barcelona después de que las defensas de Oriol Junqueras y Raül Romeva, que habían solicitado esta diligencia, renunciaran a ella.

La defensa se ha mostrado disconforme con la decisión de Llarena de que la letrada de la Administración de Justicia testificara detrás de un biombo. La medida de protección la solicitó la Fiscalía alegando el acoso sufrido por la testigo -que tuvo que escapar trepando por tejados del asedio a la Consejería de Economía el pasado 20 de septiembre- y otros cargos judiciales como el titular del Juzgado de Instrucción 13 de Barcelona, Juan Antonio Ramírez.

Este magistrado, cuyo Juzgado ha sido objeto de manifestaciones de protesta por su investigación del referéndum del 1-O, ha tenido que dejar una casa de alquiler en la localidad catalana en la que veraneaba tras las pintadas y amenazas aparecidas en la zona. La letrada de Justicia, por su parte, dirigía el registro que la Guardia Civil practicaba en la Consejería de Economía cuando 40.000 personas se concentraron en la calle, impidiendo que la comisión judicial saliera y destrozando los vehículos de la Benemérita. 

"No pude soportar más la presión y salí trepando y escalando tejados y azoteas" ya cerca de la medianoche, relató la letrada de la Administración de Justicia en un escrito dirigido a Ramírez en el que relató el asedio. "Sentí terror", afirmaba.

La funcionaria estaba citada a declarar pero no lo ha hecho después de que la parte que la había propuesto renunciara a la diligencia en desacuerdo con la protección de su imagen física acordada por Llarena. El instructor ha comentado que él también "sufre" una situación parecida, recordando que ahora tiene que ir con escolta cada vez que viaja a Cataluña porque "me miran siete veces en cada esquina". Llarena y su familia residían en Barcelona desde hace años, aunque a raíz de los problemas de seguridad relacionados con la instrucción de la causa sobre el procès vive de forma permanente en Madrid.

La vivienda del magistrado en Barcelona ha sido identificada por los radicales independentistas (el 1-O le dejaron en su puerta papeletas del referéndum ilegal) y han aparecido pintadas en la localidad de Gerona en la que tiene una segunda residencia.

Ya en el auto de procesamiento que dictó el 23 de marzo, el instructor utilizó el término "sufrimos" al hablar de las consecuencias del proceso unilateral de independencia. Su esposa, directora de la Escuela Judicial, ha sido objeto de amenazas en las redes sociales y pintadas insultantes han aparecido en la carretera de acceso al centro de formación judicial.

La renuncia a la declaración ha motivado las quejas de la Fiscalía, de la Abogacía del Estado y de la acusación popular que ejerce el partido Vox. Este último ha solicitado a Llarena la imposición de una sanción a las defensas de los procesados por fraude procesal.