Zaplana recurre su prisión por el "grave deterioro" de su salud y porque una fuga es "impensable"

Eduardo Zaplana, exministro del Gobierno de Aznar y expresidente de la Comunidad Valenciana entre 1995 y 2002, ha recurrido en menos de 24 horas la decisión de la jueza de instrucción de Valencia Isabel Rodríguez de acordar su prisión incondicional por supuestos delitos de cohecho, malversación de fondos públicos, contra la Hacienda, de blanqueo de capitales y de asociación ilícita, entre otros.

La instructora, que lleva investigando este caso en secreto desde 2015, considera que existen indicios de que Zaplana cobró en el extranjero -en concreto, en una sociedad luxemburguesa llamada Imison International- sobornos por un importe total de 6,4 millones de euros vinculados a la adjudicación de las estaciones de ITV y de los parques eólicos de la Comunidad Valenciana.

Las comisiones ilegales habrían sido pagadas en 2005 y 2006 por empresas de la familia Cotino, adjudicatarias de esos contratos. Juan y Vicente Cotino (sobrino y hermano, respectivamente, de Juan Cotino, ex director general de la Policía y expresidente de las Cortes valencianas) fueron detenidos, al igual que Zaplana, el pasado martes pero, a diferencia de éste, fueron puestos en libertad el jueves.

La instructora encarceló de forma incondicional a Zaplana alegando la existencia de un riesgo de fuga que vincula a la gravedad de las penas correspondientes a los delitos que son objeto de investigación y a la existencia de riesgo de destrucción de pruebas, que la defensa niega en consideración a que las diligencias se iniciaron en 2015.

La resolución judicial no hace alusión a la delicada situación de salud del exministro debido a una grave enfermedad por la que debe seguir un tratamiento médico permanente. El recurso presentado este viernes por el letrado defensor, Santiago Milans del Bosch, se basa precisamente en el "grave deterioro" que el estado de Zaplana puede sufrir en prisión, donde -sostiene- resulta inviable que reciba un tratamiento adecuado por el tipo de dolencia que padece.

El defensor subraya que la ley prevé la posibilidad de que la prisión incondicional se verifique en el domicilio del investigado, con las medidas de vigilancia que sean necesarias, cuando por razón de enfermedad el internamiento en un centro penitenciario entrañe un grave peligro para su salud.

El letrado considera, asimismo, "impensable" la eventualidad de una fuga no sólo debido a las condiciones físicas de su cliente sino también por su arraigo familiar en España y porque produciría una imagen de culpabilidad contraria a su interés de acreditar su inocencia. Zaplana niega toda relación con cualquier cohecho y también rechaza la imputación de haber repatriado fondos ilícitos del extranjero.