Mariano Rajoy y Pedro Sánchez desbloquearon hace sólo 10 días la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial. La moción de censura tras la sentencia del caso Gürtel puede hacer fracasar la iniciativa.
La aplicación "contundente" del artículo 155 de la Constitución en Cataluña si Quim Torra se precipita por la vía de la secesión unilateral no fue lo único que el presidente del Gobierno y el secretario general del PSOE pactaron en su reunión del 15 de mayo. Acordaron también agilizar la modificación de la Ley Orgánica del Poder Judicial -paralizada en el Congreso desde febrero- y que la renovación del órgano de gobierno de los jueces, que termina su mandato el próximo diciembre, se haga en plazo.
Unidos por el compartido deseo de que el presidente del Poder Judicial, Carlos Lesmes, no permanezca en el cargo ni un día más de lo imprescindible, el ministro de Justicia, Rafael Catalá, y la portavoz socialista en el Congreso, Margarita Robles, acogieron gratamente el encargo de sus jefes y han puesto a trabajar a sus equipos en el relanzamiento de la reforma de la LOPJ. Una iniciativa que podría paliar en algo el descalabro de la subcomisión parlamentaria que intentó consensuar una Estrategia Nacional de Justicia a desarrollar en las próximas legislaturas con independencia de los cambios de Gobierno.
La Justicia -como el 155- debería ser uno de los asuntos de Estado blindados por un sólido consenso entre los principales partidos. Pero el pesimismo sobre la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial ha cundido desde la presentación de la moción de censura del PSOE contra Rajoy. ¿Va a haber acuerdo sobre proyectos legislativos al tiempo que los socialistas intentan forzar la salida del presidente del Gobierno?
Decididamente, la Justicia tiene mala suerte en nuestro país. El ministro de Justicia y el presidente del Poder Judicial no tienen la menor sintonía. Jueces y fiscales llevan a cabo el pasado martes una huelga conjunta sin precedentes para concienciar a los ciudadanos de su situación y la noticia queda enterrada por la detención de Eduardo Zaplana y por la negativa del Tribunal de Schleswig-Holstein a acoger el cargo de rebelión contra Puigdemont. PP y PSOE empiezan a hablar en serio de ciertas reformas estructurales, como la introducción de tribunales de instancia o la objetivación de criterios para efectuar los nombramientos judiciales discrecionales, y a los pocos días la moción de censura puede dar al traste con la única iniciativa legislativa de calado que tiene/tenía alguna posibilidad de salir adelante en los próximos meses.
No hay ni en el PP ni en el PSOE intención alguna de cambiar el sistema de elección de los 12 vocales del Consejo General del Poder Judicial, y ello pese a las constantes recomendaciones del Grupo de Estados contra la Corrupción (Greco) del Consejo de Europa en el sentido de que "las autoridades políticas no deberían estar implicadas, en ninguna fase, en el proceso de selección de los vocales judiciales del Consejo General del Poder Judicial" (CGPJ). Es llamativo que desde el Gobierno se invoquen los informes del Greco para sustentar aspectos de la modificación de la LOPJ que no hacen ninguna falta y que el organismo europeo ni siquiera propone (como someter a los jueces del Supremo y a los presidentes de los Tribunales Superiores y de la Audiencia Nacional a la obligación de efectuar una declaración de bienes) y que, sin embargo, se ignore al Greco a la hora de abordar lo más relevante: el fin del vergonzoso reparto por cuotas políticas de la institución que gobierna a los jueces.
Sí hay voluntad de introducir algunos cambios en el funcionamiento del CGPJ que me parecen necesarios, como el reforzamiento de las competencias del Pleno y el imprescindible control por éste de una comisión permanente que se ha convertido en el auténtico núcleo de poder del Consejo. Además, de la comisión permanente deberían poder formar parte todos los consejeros, sin exceptuar a los de la comisión disciplinaria, como ahora ocurre.
En cambio, no estoy nada segura de que sea positivo volver a dar la dedicación exclusiva a todos los vocales, lo que también se baraja. Uno de los aspectos que más desprestigiaron en el pasado al CGPJ fue haberse convertido en la poltrona de 20 juristas la mayoría de los cuales pasaban cinco años mano sobre mano, con coche oficial, gastos de representación y un sueldo equiparado al de los magistrados del Tribunal Supremo. Con las competencias actuales del Consejo no hay trabajo real para 20 vocales. Otra cosa sería aumentarlas, en detrimento del Ministerio de Justicia y de las comunidades autónomas. Un sueño inalcanzable, lamentablemente.
