"La responsabilidad política hay que pedirla por hechos que se demuestren que han existido, por hechos que resulten ciertos. ¿Quién no puede compartir esto? Los jueces son los que deciden si las imputaciones son o no veraces" (Mariano Rajoy. Congreso de los Diputados. 1/8/2013)
Cuando en 2009 Rajoy optó por la estrategia de refugiarse bajo las togas ("dejemos que los jueces trabajen") debió prever que el 24 de mayo de 2018 llegaría y que entonces el tsunami de los hechos probados iba a arrastrarle.
Lo increíble no es que por primera vez en 40 años de democracia haya prosperado por carambola una moción de censura, sino que Rajoy -perteneciente a los órganos directivos de su partido desde 1989- pensara que podría sobrevivir incólume a un campo minado de casos de corrupción cuyo resultado judicial era más que previsible, especialmente en lo que se refiere a la trama Gürtel.
Y más inconcebible aún que él, tan dado a las citas de otros, no haya recordado las propias: "Lo nuestro, como Congreso, no es decidir sobre la veracidad de unos hechos. Eso corresponde a los tribunales. Lo nuestro es sin duda alguna -repito, sin duda alguna- demandar responsabilidades políticas, pero, como muy bien señaló en su día un político de esta Cámara [se refería al socialista Alfredo Pérez Rubalcaba], hay que pedir la responsabilidad política por hechos que se demuestre que han existido, por hechos que resulten ciertos. Fin de la cita. No me corresponde a mí, ni al Gobierno, ni siquiera a la Cámara, sino a los jueces, establecer la verdad sobre las insidias del señor Bárcenas. Por lo tanto, señorías, esperaré a que la justicia acabe su trabajo".
Era el 1 de agosto de 2013, dos semanas después de que el extesorero del PP Luis Bárcenas, en prisión desde el 27 de junio de ese año, pidiera comparecer ante el juez Ruz para reconocer la existencia de una contabilidad B en el partido que incluía pagos a M.Raj y M.Rajoy y que se nutría de comisiones entregadas por empresarios.
Papeles de Bárcenas.
En ese verano de 2013 Rajoy tuvo que ir al Congreso a hablar por primera vez de Bárcenas azuzado por todos los partidos de la oposición y en especial por el PSOE, que anunció una moción de censura si el presidente del Gobierno no daba explicaciones en la Cámara. "A los que presumen de haberme traído aquí ante la presión que representaba una moción de censura les diré que presumen en balde. Para mí una moción de censura nunca será una amenaza", dijo entonces Rajoy. Ironías del destino: por una moción de censura ha caído.
Rajoy mencionó al principio de aquella comparecencia a "una persona que hoy con toda justicia se sienta en el banco azul, que había experimentado en carne propia una injustificada persecución por acusaciones que después se revelaron como totalmente falsas". Aludía a su entonces ministro de Industria, José Manuel Soria, que había salido indemne del llamado caso salmón. Le sirvió para sostener la tesis de que había que dejar hablar a los jueces antes de exigir responsabilidades políticas. Lástima que Soria -otra ironía- tuviera que dimitir después por la falta de explicaciones creíbles a la presencia de sus empresas familiares en los papeles de Panamá.
Cayó Soria y Rajoy siguió ahí. Cayó Ana Mato y Rajoy siguió ahí. Han sido implicados en procesos por corrupción otros dirigentes del PP con los que ha compartido la mesa del Consejo de Ministros (Rato, Matas, Acebes, Ruiz-Gallardón, Zaplana...) y él seguía ahí.
A finales de 2012 Rajoy supo de las cuentas suizas de Bárcenas y no se sintió concernido, pese a que él le había nombrado tesorero del partido en 2004 y a que desde 2003 era ni más ni menos que secretario general del PP, con Bárcenas de gerente.
Trascendieron las cuentas suizas de Bárcenas y Rajoy renegó de él en esa famosa comparecencia de agosto de 2013: "Me equivoqué al mantener la confianza en alguien que ahora sabemos que no la merecía". Pero luego supimos que, con Luis Bárcenas ya imputado en el caso Gürtel, el PP le pagó un total de 719.502 euros, le permitió utilizar un despacho en Génova y puso a su disposición un coche con chófer. Son hechos probados de la sentencia que dictó el 17 de julio de 2014 el Juzgado de lo Social número 16 de Madrid
Sentencia sobre pagos a Bárcenas./
A esos hechos probados se sumaron el 8 de febrero de 2017 los de la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Valencia sobre la trama valenciana de Gürtel, confirmada hace unos días por la Sala Penal del Supremo. Rajoy, impasible.
El 26 de julio de 2016 el Juzgado de Instrucción número 32 de Madrid concluyó la investigación del caso de los ordenadores viendo indicios delictivos en la destrucción de los discos duros que contuvieron los archivos de Bárcenas, realizada cuando el juez Ruz estaba en plena investigación de la contabilidad B del PP. Rajoy, imperturbable.
Y así llegamos a la sentencia de la Audiencia Nacional notificada el 24 de mayo, en la que se declara como hecho probado la existencia de una caja B como "estructura financiera y contable paralela a la oficial existente al menos desde el año 1989" (el año en el que Rajoy se integró en el Comité Ejecutivo nacional del partido) y la existencia de un "sistema de corrupción institucional a través de mecanismos de
manipulación de la contratación pública" en administraciones locales y autonómicas controladas por el PP.
Se equivocó Rajoy al pensar que la "arqueología de los pleitos de corrupción", como dijo el pasado jueves durante el debate de la moción de censura, no iba a pasarle factura. Se equivocó al pensar que las urnas sanan la porquería. Se equivocó al ignorar que en un sistema democrático el máximo dirigente político del país debe reaccionar con credibilidad ante los casos de corrupción que salpican a su partido, lo que implica también reaccionar a tiempo. Se equivocó, sobre todo, por no cumplir la palabra dada en el Congreso: "La responsabilidad política hay que pedirla por hechos que resulten ciertos y son los jueces los que deciden si las imputaciones son o no veraces", "esperaré a que concluya el proceso judicial en la confianza de que al final ni a mi ni a mi partido se nos podrá atribuir ninguna actividad ilícita".
Los jueces han dicho lo contrario y ya era insoslayable hacer frente a las responsabilidades políticas -no penales- por parte de quien era presidente del Gobierno y del PP. Seguir refugiándose en que la sentencia no es firme y tampoco unánime es otro reflejo del error de vincular las consecuencias políticas a las judiciales.
La comparecencia de agosto de 2013 dejó otras ironías para el futuro. Uno de los últimos intervinientes manifestó a Rajoy: "Usted ha comprometido hoy su palabra ante el Parlamento. Hoy ha cruzado el Rubicón, hoy ha afirmado aquí cosas que constarán en el diario de sesiones y que si luego se prueban contrarias a la verdad inevitablemente tendrán que tener su consecuencia, porque de eso se trata en la política, en la que también hay responsabilidades". Lo dijo Aitor Esteban, el portavoz del PNV que el pasado viernes determinó la suerte de Rajoy. Fue el fin del presidente que no ha cumplido sus propias citas.
