España cuenta con siete Centros de Internamiento para Extranjeros, los denominados CIES, y ninguno de ellos reúne las condiciones mínimas para acoger a personas temporalmente a pesar de que el asilo y la protección internacional son un derecho básico en materia de extranjería.
El último informe elaborado por los fiscales de extranjería que se ocupan de controlar estos centros (con hasta 17 visitas al año) es muy claro al respecto. En éste se relatan todas las deficiencias de los edificios repartidos entre Algeciras, Barcelona, Las Palmas, Madrid, Murcia, Tenerife y Valencia.
El de Algeciras, ubicado en la antigua prisión de dicha ciudad de los años 50, es directamente "inadecuado" para albergar a nadie por sus "carencias arquitectónicas"; El de Las Palmas (Barranco Seco) "debe ser sometido a una profunda remodelación dadas las deficiencias estructurales del edificio" y no cuenta con asistencia social; el de Madrid (Aluche) está sobresaturado. En este CIE, además de los de Murcia y Barcelona, se produjeron "graves incidentes" de seguridad relacionados con intentos de fuga, motines y huelga de hambre de internos durante 2016, el último año recogido en el informe en el que se dan todos estos detalles. Los CIES de Valencia (Zapadores) y Tenerife (Arona) tuvieron que ser cerrados durante una semana por sendas plagas de chinches.
Todos tienen, además, graves deficiencias de mobiliario: no hay camas, mesas ni sillas suficientes, los internos tienen que dormir en muchas ocasiones hacinados en habitaciones que ni siquiera tienen colchón y las goteras recorren las paredes, según denuncian distintas ONG's que ayudan en las labores de integración e interpretación.
Huidos con delincuentes
En la última memoria anual de los fiscales de Extranjería también se explica que en los centros de internamiento "conviven internos procedentes de las costas del Mediterráneo sometidos a procedimientos de devolución y sin antecedentes penales con otros con amplio historial delictivo".
También relata el Ministerio Fiscal que en los centros de Las Palmas y Murcia hay problemas de asistencia letrada. Aunque los internos tienen derecho a ser atendidos por un abogado, no parece que acudan con la rapidez necesaria. De ahí que las Fiscalías de Extranjería de las Palmas y Murcia hayan reclamado "mayor compromiso de los respectivos Colegios de Abogados". También hay necesidad de una mayor plantilla de intérpretes, según dicho documento.
Pero, sin duda, los mayores problemas de los Centros de Internamiento de Extranjeros están relacionados con la degradación de las instalaciones, que están todos en muy malas condiciones.
¿Por qué pueden ir a CIES?
Según reconoció la Vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, algunos de los migrantes llegados al puerto de Valencia a bordo del barco 'Aquarius', tendrán que ingresar en Centros de Internamiento de Extranjeros.
Como procede actuar en estas situaciones, cada uno de ellos será sometido a una entrevista personal por las autoridades españolas competentes para decidir si son devueltos a su país o pueden quedarse en España.
La prohibición de entrar en nuestro país, según recoge la Ley Orgánica sobre Derechos y Libertades de los Extranjeros en España y su integración social, se dará si han sido expulsados previamente; si se tiene conocimiento a través de la Interpol de que se encuentran reclamados, en relación con causas criminales derivadas de delitos comunes graves, por las autoridades judiciales o policiales de otros países; si el Ministerio de Interior ha prohibido su entrada por sus actividades contrarias a los intereses españoles o a los derechos humanos o por sus notorias conexiones con organizaciones delictivas, nacionales o internacionales o, finalmente, porque tengan prohibida la entrada en virtud de convenios internacionales en los que España sea parte o de acuerdo con lo establecido en la normativa comunitaria, salvo que se considere necesario establecer una excepción por motivos humanitarios o de interés nacional.
Mientras se tramita dicho expediente, se podrá solicitar al juez de instrucción competente que disponga el ingreso del extranjero en un Centro de Internamiento, que no deja de ser una privación de libertad ante el riesgo de que se fugue antes de resolver su situación. Ésta debe ser una medida "motivada" y por un máximo de 60 días.