El promotor de la acción disciplinaria del Consejo General del Poder Judicial, Ricardo Conde, ha abierto unas diligencias informativas a la magistrada Mercedes Alaya, primera instructora del caso de los ERE y actualmente destinada en la Audiencia Provincial de Sevilla, por distintas declaraciones realizadas en las últimas semanas en las que ha criticado al propio órgano de gobierno de los jueces, al fiscal general del Estado, a magistrados que fueron nombrados en su día para reforzar su Juzgado e incluso a los jueces del Tribunal Supremo, que según ella "se elijen por afinidad política".
El promotor ha actuado tras recibir una queja por escrito de la Fiscalía General, aludida por Alaya en una intervención que protagonizó el pasado 4 de junio en el Club Siglo XXI. La magistrada se mostró en contra de atribuir a los fiscales la investigación de los delitos y sostuvo que hacerlo sería “un hachazo a la independencia judicial”. En casos de corrupción equivaldría a "tener al lobo metido dentro del gallinero”, afirmó.
Mercedes Alaya añadió que para el puesto de fiscal general del Estado no se elige a personas por su excelencia profesional sino por afinidad política, personas "dispuestas a cumplir las directrices de los partidos políticos de turno", dijo. Indicó que el fiscal general "nombra a todos los fiscales jefes y es el que le puede dar directrices directamente impartidas por el Gobierno", lo que "puede afectar a cualquier procedimiento judicial".
Entrevista Audiencia Provincial de Sevilla
La Fiscalía General se ha dirigido al promotor de la acción disciplinaria por si las manifestaciones de Alaya tienen algún tipo de relevancia. La Ley Orgánica del Poder Judicial prohíbe a los jueces dirigir censuras a autoridades o funcionarios invocando la condición de juez o sirviéndose de esta condición.
Conde ha abierto unas diligencias informativas y ha pedido a Alaya que se pronuncie sobre la queja de la Fiscalía General. Además, el Consejo Fiscal, órgano de representación de la carrera, hizo público un acuerdo unánime rechazando las manifestaciones de la jueza, que, a su juicio, "suponen un absoluto desconocimiento" de lo que es el Ministerio Público y "ponen en entredicho, con el menosprecio que las mismas lleva implícito, la objetividad e imparcialidad del Ministerio Fiscal y sus integrantes".
Lo cierto es que en los últimos meses Alaya se está prodigando en comparecencias públicas y en los medios de comunicación con manifestaciones muy críticas hacia sus propios compañeros de Sevilla y en las que ha sostenido que sufrió "injerencias políticas" durante la instrucción de los ERE, aunque en su día no las denunció.
En una entrevista concedida al diario ABC, Alaya dijo que "los altos cargos de la cúspide judicial se eligen por afinidad política. A mí me consta que a los miembros del Supremo les preguntan qué harían en determinados procedimientos judiciales".
"Burdo engaño"
También manifestó que fue objeto de un "burdo engaño" para dejar el Juzgado de Instrucción y pasar a la Audiencia de Sevilla. Según ella, se le había asegurado que podría acceder a la Audiencia provincial pero continuar con la instrucción de los ERE y después de pedir la plaza "tanto a los vocales del PP como los del PSOE en el CGPJ votaron unánimemente, con el informe favorable del TSJA, para que yo no siguiera con la investigación de dichos procedimientos".
Las críticas que Alaya ha vertido en diversos foros fueron objeto de una pregunta del presidente del CGPJ, Carlos Lesmes, a Damián Álvarez durante la comparecencia de este magistrado ante la Comisión de Calificación del CGPJ el pasado 12 de junio. Álvarez opta a ser reelegido para un tercer mandato como presidente de la Audiencia de Sevilla.
Lesmes preguntó al candidato -único que se presenta al cargo, por lo que su nuevo nombramiento está asegurado- si a la vista de las "ya reiteradas" y "poco apropiadas" manifestaciones públicas de Alaya había tomado alguna medida. Álvarez contestó que no había querido "hacer sangre" y que tanto él como el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Lorenzo del Río, estaban esperando "a ver si el Consejo hace algo al respecto".
La Sala de Gobierno del TSJ andaluz tomó este martes nota de un escrito de queja suscrito por los jueces de instrucción de Sevilla -que han expresado su "profundo malestar" con la exinstructora de los ERE- y añadió una consideración dirigida a Alaya en el sentido de que "es obligación de todo juez asumir un compromiso activo con el buen funcionamiento del sistema judicial, así como promover en la sociedad una actitud de respeto y confianza en el Poder Judicial, debiendo conducirse de manera prudente, moderada y respetuosa con todos los poderes del Estado".