La Justicia belga empieza a recibir un poco de su propia medicina. El decano de los Juzgados de Madrid, Antonio Viejo, ha considerado improcedente la petición de un juez de Bruselas de que se notifique al magistrado del Tribunal Supremo Pablo Llarena una citación para comparecer en Bélgica el próximo 4 de septiembre con el fin de responder a una demanda civil interpuesta contra él por Carles Puigdemont.
El expresidente catalán, prófugo de la Justicia española, ha presentado en Bélgica una demanda de responsabilidad extracontractual por la que reclama a Llarena un euro en concepto de daños, al considerar que ha realizado sin imparcialidad la instrucción de la causa penal relacionada con el proceso de independencia unilateral de Cataluña al margen de las vías constitucionales.
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La primera sala del Juzgado de Primera Instancia francófono de Bruselas, que ha admitido a trámite la demanda de Puigdemont contra el magistrado del Supremo, ha utilizado el Reglamento 1393/2007 del Parlamento Europeo para solicitar a los Juzgados de Madrid que trasladen al demandado la citación del 4 de septiembre. Ese reglamento está previsto para la notificación y traslado entre los Estados miembros de la Unión Europea de documentos judiciales y extrajudiciales en materia civil o mercantil.
La petición del tribunal belga fue recibida el pasado día 5 y el juez decano de Madrid la contestó ayer. Antonio Viejo ha utilizado el formulario incorporado al reglamento para devolver a Bruselas la petición, sin cumplimentar. En la respuesta se ha marcado la casilla 9.2.4, en la que se señala como motivo de la devolución el artículo 1 del reglamento. De acuerdo con ese precepto, "el reglamento no se aplicará, en particular, a (...) la responsabilidad del Estado por acciones u omisiones en el ejercicio de su autoridad ('acta iure imperii)`".
"Una instrucción penal es una actuación soberana del Poder Judicial del Estado que no puede ser enjuiciada por la jurisdicción civil de otro país", explican fuentes del Decanato de los Juzgados madrileño.
El pasado mayo Bélgica archivó las euroórdenes cursadas por el juez Llarena para la entrega de los exconsejeros Antoni Comín, Meritxell Serret y Lluis Puig a fin de ser juzgados por su intervención en la declaración unilateral de independencia de Cataluña. Los jueces belgas han alegado un supuesto defecto formal de la orden de entrega que, sin embargo, no ha sido apreciado ni por Alemania ni por Gran Bretaña, que tramitan euroórdenes sobre Puigdemont y Clara Ponsatí. Desde el Tribunal Supremo se ha criticado la "falta de compromiso" de la Justicia belga.