La nueva fiscal general no aclara en el Congreso si mantendrá la acusación por rebelión

La fiscal María José Segarra ha superado esta tarde sin dificultades el 'examen' de su idoneidad para el cargo de fiscal general en la Comisión de Justicia del Congreso, en realidad una comparecencia más bien amable en la que la candidata quiso estar tan medida que llevaba apuntadas en un papel las preguntas, del todo previsibles, sobre la crisis constitucional generada por el independentismo catalán.

Lejos de la contundencia de sus antecesores José Manuel Maza y Julián Sánchez Melgar, Segarra se ha ido de la Cámara sin aclarar si mantendrá la acusación por rebelión contra Carles Puigdemont y los exmiembros de su gobierno que vienen sosteniendo los fiscales de Sala encargados del procedimiento que se sigue en el Tribunal Supremo.

Ha insistido en que la guía será "la legalidad", que le parecía una "temeridad" entrar en asuntos sub iudice que no conoce y que sería "una falta de consideración a los fiscales". "Si existen discrepancias, que es normal que las haya, habrá respeto a los canales estatutarios", ha apuntado.

"No hay una posición de la Fiscalía sobre Cataluña, eso no existe. Hay una posición respecto a los hechos" que se investigan en cada procedimiento judicial, a los que Segarra prestará una "atención prioritaria", ha dicho.

"Cualquier violación de nuestro marco constitucional tiene que llevar la enérgica respuesta del Ministerio Fiscal. Cualquier otra decisión sería una dejación de funciones por mi parte", ha leído. Antes, durante su intervención inicial, María José Segarra se había desenvuelto en términos similares indicando que "todos deben respeto a la Constitución" y señalando que "nadie es perseguido por sus ideas, en la España de hoy no podemos hablar de presos políticos".

A lo largo de esa introducción ha expresado su apoyo a los fiscales que trabajan en Cataluña -donde ella misma empezó su carrera profesional- y ha zanjado: "sin ley no hay democracia".

La portavoz del PdCAT, Lourdes Ciuró, le preguntó si va a investigar la "violencia policial" durante la jornada de referéndum del 1-O. María José Segarra ha recordado que era "un acto que el Tribunal Constitucional declaró ilegal" y que una magistrada del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña había ordenado impedir, por lo que las fuerzas de seguridad actuaron en cumplimiento de un mandato judicial. "Pero", matizó de inmediato, "ello no significa que no se vaya a investigar en los numerosos procedimientos que hay abiertos si existió un uso de la fuerza proporcionado o desproporcionado".

La candidata propuesta por el Gobierno a fiscal general tampoco quiso entrar en las declaraciones de la ministra portavoz, Isabel Celaá, sobre la personación de la Abogacía del Estado en los procedimientos por agresiones sexuales. Sobre este asunto, por el que le preguntó la portavoz del PP, María Jesús Moro, Segarra se limitó a indicar, diplomática, que "la tutela de las víctimas está garantizada por el Ministerio Fiscal". 

"Rabiosa imparcialidad"

El curriculum de María José Segarra fue objeto de elogio por todos los portavoces, incluida Moro. La futura fiscal general aseguró que su relación personal con la ministra de Justicia, Dolores Delgado, no condicionará su actuación porque "me propone el Consejo de Ministros y me comprometo a mantener la independencia de criterio".

Mencionó varias veces conceptos como los de "rabiosa independencia" y "plena autonomía", y en palabras que -aquí sí- recordaron a las de Maza señaló que "toda conducta delictiva será investigada sea cual sea el cargo que se ocupe y la ideologia que se tenga". 

La hasta ahora fiscal jefa de Sevilla, 30 años de servicio "efectivo" -remarcó- como fiscal a sus espaldas, se mostró contraria a los plazos de duración de la instrucción que estableció una reforma del PP muy contestada en las carreras judicial y fiscal. Consciente de las dificultades de que se llegue a aprobar una contrarreforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal en este punto, sugirió una "reinterpretación" de la norma vigente "con todos los demás operadores jurídicos".

Partidaria de la instrucción de los delitos por el fiscal, mostró su convencimiento de que esta reforma estructural del proceso penal "necesita consenso social; si no, fracasaremos".

Tras destacar que el 64% de los puestos directivos en la carrera fiscal los ocupan hombres, anunció un "plan de igualdad" que acabe con los "sesgos de género".