La Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial ha acordado este jueves por unanimidad retirar del orden del día el punto relativo al informe presentado por la vocal Victoria Cinto, a la que se encomendó investigar, con la colaboración del Comité de Protección de Datos del CGPJ, si se produjo una vulneración de la normativa en materia de protección de datos de carácter personal en relación con la sentencia de La Manada.

La resolución, conocida el pasado 26 de abril, fue entregada a los medios de comunicación con el código seguro de verificación (CSV), el cual, una vez introducido en el sitio adecuado de la administración electrónica navarra, permitía acceder a la sentencia íntegra, incluidos los datos de identidad de la víctima del ataque sexual.

La Comisión Permanente ha considerado que, antes de adoptar una decisión sobre el posible funcionamiento regular o irregular en materia de protección de datos, es necesario recabar más información sobre  los aspectos contemplados en las diligencias informativas, cuyo informe provisional de conclusiones aprecia “un funcionamiento irregular en materia de protección de datos” por parte de la letrada de la Administración de Justicia de la Sección Segunda de la Audiencia de Navarra, que juzgó a La Manada.

El órgano de gobierno de los jueces ha acordado dirigirse al Gobierno de Navarra para conocer con qué medidas de seguridad cuenta la Sede Judicial Electrónica para acceder al contenido íntegro de las resoluciones judiciales y si se ha adoptado alguna adicional en vista de lo ocurrido.

El CGPJ también requerirá al Gobierno navarro para que le informe de si ha podido acreditar qué documentos concretos se descargaron desde el servidor web entre los días 26 de abril y 5 de mayo, fecha en la que se tuvo conocimiento de la brecha de seguridad que afectó a la revelación de datos personales de la víctima de La Manada.

También pedirá a la Administración navarra información sobre los contenidos concretos de los cursos de formación sobre el expediente judicial electrónico y, en particular, sobre el código seguro de verificación (CSV) que fueron impartidos a los miembros de la carrera judicial y a los letrados de la Administración de Justicia en esa comunidad y solicitará la entrega de los materiales formativos.

Además, requerirá a la presidenta de la Audiencia Provincial de Navarra para que informe de cuándo y cómo tuvo conocimiento de que se había producido un acceso indebido a la referida sentencia y qué medidas se adoptaron.

Malestar en los letrados de Justicia

El informe analizado por la Comisión Permanente ha causado preocupación entre los letrados de la Administración de Justicia destinados en Navarra, que han difundido un comunicado en el que discrepan de las conclusiones alcanzadas y anuncian que, en función de cuál sea la resolución "adoptaremos puntualmente las decisiones que se estimen adecuadas, ponderando el interés informativo, las funciones profesionales que nos vienen encomendadas por la legislación y la protección profesional de la  que somos merecedores en el ejercicio de nuestras funciones".

También expresan su apoyo a la letrada de Justicia de la Sección Segunda, "quien en la entrega de la documentación a la prensa actuó conforme a las previsiones contenidas en el Protocolo al efecto elaborado por el propio CGPJ en el año 2015".