El juez que investiga el presunto amaño de los contratos de instalación de radares y semáforos en ayuntamientos de toda España a cambio del pago de comisiones a cargos públicos investiga si dichos sobornos pudieron enmascararse en la celebración de ferias y congresos sobre tráfico y gestión de las policías locales.
Así se desprende del auto por el que ordenó el martes los más de 50 registros que se practicaron en municipios de cinco comunidades autónomas (País Vasco, Comunidad Valenciana, Madrid, Cataluña y Andalucía), en los que la Policía Nacional detuvo a medio centenar de personas, entre ellos jefes de Policía Local, alcaldes, concejales y empresarios. De todos ellos, 15 han pasado a disposición del juzgado de Instrucción número 2 de Badalona que instruye el caso.
Entre las líneas de investigación que maneja el juez, está la posibilidad de que los amaños para adjudicar los servicios de tecnología investigados a Gespol y otras empresas se consiguieran con sobornos a políticos y policías en ferias y congresos del sector.
Registros de la UDEF en el marco de la Operación Enredadera
En este sentido, el juez instructor ha ordenado requisar los "documentos relativos a la celebración de ferias y congresos en materia de pacificación de tráfico o gestión de las Policías Locales que pudieran estar ocultando pagos a distintos funcionarios municipales por su intermediación en los procesos de contratación", según el auto en el que ordenaba los registros.
Con ese fin se practicaron los registros en los ayuntamientos y las sedes de las empresas investigadas, así como los despachos de sus responsables y sus domicilios. Entre esos responsables se encuentra José Luis Ulibarri, empresario ya investigado por corrupción en el caso Gürtel al que el juez ha enviado a prisión de manera preventiva.
Comerciales comprando a funcionarios
El juez Pablo Jesús Alonso, que comenzó la investigación a partir de la primera denuncia de un municipio de su territorio, sospecha que las empresas investigadas habrían comenzado a realizar trabajos sin contratos para "introducirse" en distintos ayuntamientos "a los que sigue después la formalización a través de un procedimiento fraudulento de licitación", según el auto del juez.
Para esa entrada en los consistorios, habría sido crucial el papel de los jefes de Policía Local, que habrían actuado como mediadores entre las empresas y los ayuntamientos a cambio de sobornos y regalos, según fuentes de la investigación. De hecho, en la operación se detuvo hasta a 11 jefes de Policía Local.