La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo es el órgano competente para tramitar las querellas que se presenten contra el Rey emérito tras las revelaciones de su "amiga entrañable" Corinna zu Sayn-Wittgenstein al comisario Villarejo publicadas por El Español.
Según ha podido saber este diario, ya se preparan acciones penales por medio de querellas que serán presentadas directamente ante el Tribunal Supremo. Quienes las presentarán consideran que las afirmaciones de la empresaria alemana de origen danés desvelan hechos cometidos por el exjefe del Estado que podrían ser constitutivos de distintos delitos, entre ellos el de blanqueo de capitales al haber intentado ocultar propiedades poniéndolas a nombre de Corinna y recuperarlas a través de sociedades de terceros.
Las fuentes consultadas están más por la vía de la querella que por la de presentar una denuncia previa ante la Fiscalía porque consideran que sería una pérdida de tiempo. Según el artículo 55 bis de la Ley Orgánica del Poder Judicial, las Salas de lo Civil y lo Penal del Tribunal Supremo "conocerán de la tramitación y enjuiciamiento de las acciones civiles y penales, respectivamente, dirigidas contra la Reina consorte o el consorte de la Reina, la Princesa o Príncipe de Asturias y su consorte, así como contra el Rey o Reina que hubiere abdicado y su consorte".
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De ahí que, aunque el contenido de dichas conversaciones grabadas por el comisario Villarejo hayan llegado a la Audiencia Nacional tras los registros realizados en el marco de la Operación Tándem según ha publicado la Cadena Ser, el Tribunal Supremo tendría que asumir "inmediatamente" la investigación en caso de que aceptara admitir a trámite cualquier ade las querellas que se preparan.
El precedente de la paternidad
Expertos penalistas consultados por EL ESPAÑOL consideran que el Tribunal Supremo "miraría con lupa" el contenido de dichas querellas y tan solo las admitiría a trámite si considerara que las afirmaciones de Corinna tienen "suficiente verosimilitud", pues se está hablando de investigar a quien fuera el Jefe del Estado.
En este sentido, existe un precedente de una demanda admitida a trámite contra Don Juan Carlos por el Tribunal Supremo que archivó un mes después cambiando de criterio por las "imprecisiones y contracciones" de la denunciante.
La belga Ingrid Sartiau presentó una demanda de paternidad contra el ya Rey emérito en febrero de 2015 y un mes más tarde, la Sala Civil del Tribunal Supremo estimó un recurso de la defensa de Don Juan Carlos por siete votos contra tres de los magistrados ante la "falta de solidez" de la pretensión de Sartiau dadas las "imprecisiones y contradicciones" de su relato.