Corinna mantuvo varias reuniones con Villarejo para darle más datos sobre el patrimonio oculto de Juan Carlos I

La reunión que Corinna zu Sayn-Wittgenstein (CSW) y el comisario José Villarejo mantuvieron en Londres en febrero de 2015 no fue la única en la que ambos habrían tratado el presunto patrimonio oculto de Juan Carlos I.

Según ha podido conocer EL ESPAÑOL, la consultora y el entonces mando policial se habrían reunido varias ocasiones después de aquel primer encuentro, siempre en el extranjero e intentando evitar cualquier tipo de vigilancia. En esas conversaciones, la expareja del Rey emérito habría aportado nuevos datos sobre las presuntas comisiones cobradas por el monarca y el destino que, según su versión, siguieron esos fondos. Este miércoles, el director del Centro Nacional de Inteligencia, Félix Sanz Roldán, compareció durante más de tres horas a puerta cerrada en el Congreso de los Diputados para dar explicaciones sobre estas grabaciones.

Este jueves, el comisario Villarejo -en prisión preventiva desde hace nueve meses- está llamado a declarar como investigado en la pieza separada que el Juzgado de Instrucción Número 6 de la Audiencia Nacional ha abierto para investigar estas revelaciones. Con el procedimiento bajo secreto de sumario, se desconoce todavía si el mando policial guardaba en casa nuevas pruebas de estos encuentros, grabaciones o documentación entregada por la consultora germano-danesa que acredite la versión mantenida en las grabaciones.

De hecho, a falta de confirmar el grado de colaboración del comisario Villarejo con esta rama de la investigación, su declaración parece clave para conocer si hay más datos que confirmen o desmientan la utilización de CSW como presunta testaferro de patrimonio para el rey Juan Carlos fuera de España. Algo que ella misma reconoce en esas grabaciones.

¿Qué uso se dio a esa información?

Otro de los puntos importantes pasa por confirmar el uso que Villarejo dio a esa información. Si la guardó en un cajón para especular o si, por el contrario, fue comunicada a sus responsables o a otras instituciones del Estado con el objetivo de que fuera investigada.

En numerosas ocasiones e incluso desde instituciones públicas como el Ministerio del Interior del que antes dependía, se ha calificado al comisario tras su detención de un “enemigo del Estado” que intentaba hacer chantaje a la Corona con la información aportada por CSW. ¿El objetivo según esta tesis? Conseguir inmunidad para librarse de sus problemas judiciales.

Por el contrario, Villarejo ha mantenido en su línea de defensa que estas reuniones fueron auspiciadas por el servicio secreto español para conseguir una información de especial relevancia que se encontraría en manos de la consultora germano-danesa. Algo que el Centro Nacional de Inteligencia niega de forma extraoficial.

Otra de las preguntas abiertas es si, en cualquier caso, la información que llegó a manos del comisario se investigó de alguna manera más allá de la motivación para conseguirla. Si se puso en conocimiento de cualquier otro responsable, bien de la Policía Nacional o de cualquier otro miembro del Ejecutivo, entonces comandado por Mariano Rajoy. Y si se llegó a algún resultado preliminar o concluyente, esté o no en documentos oficiales.

Una causa bajo secreto

Sobre la declaración del excomisario se ciernen además otros dos interrogantes. El primero es si acudirá finalmente a la cita fijada por la Audiencia Nacional. El pasado martes tenía que declarar en la causa abierta contra él por el director del Centro Nacional de Inteligencia, Félix Sanz Roldán, que le denunció por presuntos delitos de injurias y calumnias tras aparecer en una entrevista televisiva asegurando, entre otras cosas, que había amenazado a la expareja del rey. Algo que ella misma explica en la grabación, a falta de confirmar la veracidad de esas afirmaciones. Pues bien, finalmente Villarejo no pudo declarar en esa cita por problemas médicos. 

La segunda cuestión es si el comisario aceptará contestar a las preguntas de los fiscales y del juez. Es muy frecuente que los abogados recomienden a sus defendidos no contestar a los interrogatorios mientras las causas permanezcan bajo secreto de sumario. Sin embargo, un cambio en la Ley obliga ahora a los investigadores a informar sobre los hechos que conciernen a cada uno de los imputados antes de su declaración, lo que podría modificar esa tendencia.