¿Puede un juez utilizar documentos reservados que conoce por razón de su función y fotografiarlos para su cuenta personal de Twitter? Y si lo hace, ¿merece una sanción disciplinaria? El teniente fiscal del Tribunal Supremo, Luis Navajas, y el magistrado Ricardo Conde, promotor de la acción disciplinaria del Consejo General del Poder Judicial, creen que sí.
Ambas autoridades han pedido a la Comisión Disciplinaria del CGPJ que imponga un mes de suspensión de funciones a la jueza Victoria Rosell, exdiputada de Podemos, por utilizar para ilustrar un tuit la carátula de un atestado de la Guardia Civil en el que se denunciaba a un ciudadano por un presunto delito de falsedad documental.
El tuit fue publicado el pasado 13 de abril, en coincidencia con el escándalo por la presunta falsificación de las firmas de los profesores del máster de Cristina Cifuentes, expresidenta de la Comunidad de Madrid. Rosell escribió que se le venía a la cabeza el principio de igualdad ante la ley cuando "recibes un atestado por 'delito de falsedad en documento oficial' por una pegatina de la ITV".
Tuit de Rosell./
El problema no está sólo en la utilización de un documento que forma parte de un procedimiento judicial -conocido por ella debido a su cargo- para dar opiniones personales en las redes sociales. A ello se suma que algunos datos que Rosell tachó con rotulador resultaban visibles -como la matrícula del coche denunciado- y otros -la propia identidad de la persona denunciada e incluso su DNI- podían apreciarse aplicando un simple photoshop.
La visibilidad de los datos fue apreciada por varios tuiteros, que advirtieron de ello a Victoria Rosell. La jueza lo agradeció y contestó que se daba por avisada "para otra vez". No borró el tuit, que ha permanecido en la red hasta hace unas semanas.
El promotor de la acción disciplinaria y el fiscal coinciden en que Rosell habría incurrido en una falta muy grave de "revelación de hechos o datos conocidos por un juez o magistrado en el ejercicio de su función o con ocasión de ella". A su juicio, se produjo un evidente incumplimiento del deber de reserva que incumbe a los miembros del Poder Judicial, sin que ni siquiera Rosell tuviera el cuidado de comprobar si los datos de identidad del ciudadano implicado se podían ver.
Y consideran también que, aunque la jueza no lo pretendiera, ha causado un daño objetivo al permitir, con un comportamiento que consideran negligente, que un gran número de usuarios de Twitter (la cuenta de Rosell tiene 36.000 seguidores) que nunca debieron conocer los datos personales de un ciudadano denunciado por un delito de falsedad documental tuvieran acceso a ellos.
El fiscal y el promotor han solicitado a la Comisión Disciplinaria del CGPJ que suspenda a Rosell de empleo y sueldo durante un mes, una sanción que está en el rango bajo ya que la suspensión disciplinaria de los jueces puede llegar a los tres años.
Fuentes de ese órgano afirmaron que el dictamen del fiscal es especialmente duro. Aseguran que el Ministerio Publico reclama una sanción "ejemplar" para la jueza al entender que quien tiene por misión proteger los derechos fundamentales de las personas -entre ellos, su honor, intimidad e imagen- no puede ponerse a divulgar en las redes sociales datos personales de una persona que está siendo investigada por un delito grave, como es la falsedad documental.
Rosell acaba de presentarse al cargo de vocal del CGPJ en la lista de la asociación Jueces y Juezas para la Democracia, candidatura a la que no ayuda en absoluto la existencia de este expediente disciplinario. Nunca se ha dado el caso de que acceda al órgano de gobierno del Poder Judicial un magistrado sancionado o con un expediente abierto.