Toda la oposición critica a Delgado por su gestión de la defensa de Llarena y ella culpa a una nota de prensa

Todos los grupos de la oposición, aunque por razones distintas, han criticado este martes en el Congreso la gestión que la ministra de Justicia, Dolores Delgado, ha hecho sobre la defensa del juez Pablo Llarena frente a la demanda interpuesta contra él en Bélgica por el expresidente catalán Carles Puigdemont y otros cuatro prófugos de la Justicia, todos ellos procesados por el instructor del Supremo al que pretenden cuestionar ante la Justicia belga.

La portavoz del PP, María Jesús Moro, ha acusado a Delgado de “contribuir a la estrategia” de los prófugos con su inicial decisión, anunciada el 23 de agosto, de que el Ministerio de Justicia iba a esperar a la admisión de la demanda de Puigdemont, de modo que “el Estado español se personará ante la Justicia de Bélgica en defensa de la soberanía e inmunidad jurisdiccional de los tribunales españoles si, en el momento de admitir a trámite la demanda, la autoridad judicial belga menciona siquiera entre sus argumentos hechos o datos de la causa penal abierta en España”.

La nota de prensa del Ministerio añadía que no se asumiría “en ningún caso la defensa del juez Llarena por los actos privados que se le atribuyen”, en referencia a unas declaraciones públicas realizadas en relación a la instrucción de la causa por rebelión y en las que el magistrado explicó que no se investigaban delitos políticos, sino, en su caso, tipificados en el Código Penal.

La portavoz del PP ha preguntado si esa inicial posición de Delgado sobre Llarena se debió al apoyo de los nacionalistas catalanes a la moción de censura que aupó a Pedro Sánchez a La Moncloa.

En la misma línea, el portavoz de Ciudadanos, Marcial Gómez, ha sostenido que el “peaje” por el apoyo de los independentistas había sido “mirar hacia otro lado” ante el ataque a Llarena.

En el espectro contrario, la portavoz del PdCat, Lourdes Ciuró, ha censurado el cambio de posición de la ministra, que “se ha visto arrastrada por la presión de la extrema derecha”. “Se está pagando la defensa privada de un juez con dinero de todos los españoles y eso tiene un nombre”, ha llegado a decir Ciuró, tras lo cual ha anunciado que no se iba a quedar a escuchar la respuesta de Delgado porque “me voy a la Diada”.

Más mesurado, Mikel Legarda (PNV), ha dejado claro que su grupo no comparte que la defensa de Llarena deba ser realizada por el Estado porque la demanda se basa en un “improcedente e imprudente proceder” de Llarena al hacer esas declaraciones.
Para el portavoz de Podemos, Eduardo Santos, la ministra de Justicia ha cedido a la presión del Consejo General del Poder Judicial, órgano que “la fuerza a intervenir para cubrir su propia responsabilidad, que fue anular la póliza de responsabilidad civil que tenía suscrita para los jueces”.

El único apoyo provino del portavoz del PSOE, Juan Carlos Campo, que defendió la posición del Gobierno porque se trata de una "cuestión de Estado". El portavoz sostuvo "ha habido una actitud impecable en un un tiempo récord". 

‘No mea culpa’

Sin admitir ninguna rectificación, la titular de Justicia, que ha comparecido en la Cámara a petición propia, ha afirmado que “desde el primer minuto, el Ministerio se ha movilizado para defender la inmunidad jurisdiccional de España incluyendo al magistrado Llarena”.

Dada la evidente discrepancia con lo afirmado en el comunicado del 23 de agosto, Delgado ha optado por echar la culpa al mensajero aludiendo a la “falta de claridad” de la nota de prensa, en la que “faltaba o sobraba algún término” y que pudo generar “confusión”.

Delgado ha pasado por alto la rectificación proveniente de La Moncloa el 26 de agosto y que se ha traducido en una personación inmediata en nombre de Llarena ante los tribunales belgas, sin esperar a ningún trámite de admisión (como se había anunciado el 23 de agosto) y también sin distinguir entre comportamientos jurisdiccionales o “privados” de Llarena (como se hacía en la nota de prensa del Ministerio).

Según Dolores Delgado, la defensa de la inmunidad jurisdiccional del Estado ha sido “tajante” por parte de su Ministerio. “¿Por qué en la nota del 23 de agosto no entramos a valorar las declaraciones que los demandantes afirman que son privadas del juez Llarena? Porque sería renunciar a la excepción de inmunidad de jurisdicción, porque sería reconocer competencia a los jueces belgas para entrar a conocer de la demanda “.

Respecto a la contratación de un despacho belga para defender al Estado y al juez Llarena, la ministra ha aclarado que se trata de “una provisión de fondos, no del coste de la defensa”, lo que no se explicaba en la nota de prensa que dio a conocer el fichaje del bufete Liedekerke.