Las cuatro asociaciones judiciales existentes en España -la Asociación Profesional de la Magistratura, Francisco de Vitoria, Jueces y Juezas para la Democracia y Foro Judicial Independiente- han salido al paso en un comunicado conjunto de las declaraciones del presidente de la Generalitat, Quim Torra, en las que ha sostenido que "no hay seguridad jurídica para los independentistas" al conocerse comentarios vertidos hace un año en un chat interno de la carrera judicial en los que se calificaba de "golpistas" a los "sediciosos catalanes" y se abogaba por una aplicación rigurosa del Código Penal.
Torra ha exigido la identificación de los autores de esos mensajes y ha pedido la dimisión del presidente del Poder Judicial, Carlos Lesmes. El PDeCAT ha anunciado que pedirá la comparecencia en el Congreso de la ministra de Justicia, Dolores Delgado, y denunciará en la Fiscalía “los insultos y descalificaciones a los dirigentes independentistas a través del correo electrónico oficial del CGPJ”.
Los comentarios, que se remontan a 2017, fueron vertidos en un foro telemático interno al que sólo pueden acceder, con la clave personal correspondiente, los miembros de la carrera judicial. Son los únicos que pueden utilizar esa herramienta, facilitada por el Consejo General del Poder Judicial.
En un comunicado conjunto, las asociaciones de jueces afirman que la reacción de Torra es "desproporcionada" "al tratar de impulsar iniciativas que no guardan una relación ponderada con los hechos a los que se refieren".
"Se trata de correos electrónicos privados, que por lo tanto expresan la opinión personal de sus autores y que por esta misma razón no comprometen al conjunto de la carrera judicial y menos a los integrantes del órgano judicial que en la Sala Segunda del Tribunal Supremo debe enjuiciar el sumario" sobre el procés.
Sin censura ni control del CGPJ
"No puede ignorarse tampoco que dichos correos apenas llegan a treinta, en un colectivo de cinco mil quinientos jueces y juezas", añaden las asociaciones, que consideran que "carece de todo sentido pedir la dimisión del presidente del Tribunal Supremo". Explican que el correo intrajudicial en el que se escribieron los mensajes "no está sometido a ningún tipo de control ni censura por parte del Consejo General del Poder Judicial".
También destacan que "absolutamente ninguna de las garantías inherentes al referido proceso judicial resulta, ni remotamente, afectada por estos hechos. En todo instante, todos los implicados en ese proceso cuentan con los derechos y garantías proclamadas en la Constitución, así como en el resto de las leyes que la desarrollan".
Finalmente, recuerdan el "compromiso inequívoco" del Poder Judicial con la Constitución y "con los valores irrenunciables de independencia, imparcialidad y efectiva tutela de los derechos fundamentales e intereses legítimos de todos los afectados" por los procesos judiciales.