Los ciudadanos españoles amanecían este jueves con la resaca de una noticia que no tienen muy claro cómo les afectará. El Gobierno anunció el miércoles la suspensión de un impuesto que afecta a su factura eléctrica y que la rebajará en hasta un 4%. El objetivo es contener la espiral alcista del precio de la energía en los últimos meses y que los hogares no sufran en exceso esta coyuntura. ¿El resultado? La supresión del impuesto a la generación eléctrica se traducirá en un par de euros menos de media al mes en el recibo de la luz.

El día posterior al anuncio del plan de choque del Ministerio de Transición Energética ha servido para poner en claro el calado real de la medida, y el balance deja al consumidor peor de lo que estaba si se amplía el foco y se atiende a otros planes del Gobierno.

El año pasado, el precio medio de la electricidad en el mercado mayorista (‘pool’) se situó en 52,26 euros por megavatio hora (MWh). En lo que va de año, la energía se ha encarecido ya más de un 5%, con un agosto para el olvido: el precio medio llegó a 64,3 euros MWh, un 35% más caro que hace un año. Y la expectativa es que la tendencia se mantenga, con lo que 2018 cerraría como uno de los años más caros en varias décadas.

El impuesto elegido por la ministra Teresa Ribera como primera medida para frenar la escalada del recibo grava las ventas totales de la energía que realizan las empresas generadoras en el mercado mayorista y se traslada, casi al completo, al consumidor a través de la parte de la tarifa regulada que depende del 'pool' (un 30% de la factura). Según las estimaciones del Gobierno, el impacto será de una rebaja de entre un 2,5% y un 4% en el recibo, es decir, alrededor de dos euros para el consumidor medio.

“La bajada del impuesto a la generación no compensa el aumento de los costes fijos ni la subida de la luz de este año”, apunta a este periódico el economista Daniel Lacalle. “La solución a la subida de la luz no es tocar un impuesto que es irrelevante -ya que sólo afecta a un tercio de la factura-, sino rebajar el IVA”.

Según el economista, aunque el Gobierno se agarre a que no puede tocar el IVA al tratarse de un impuesto armonizado en la Unión Europea, sí puede hacerlo “y el efecto para las arcas del Estado sería mínimo”. “Bruselas no entra en la fiscalidad indirecta de la luz ni de nada. Otros países tienen una fiscalidad menor para la energía”, indica Lacalle en referencia al IVA que se aplica en otros países de la eurozona.

El 21% que se aplica en España es muy superior al de países como Italia (10%) o Grecia (13%) y está más de tres puntos por encima de la media (17,7%), según datos de este año de la Comisión Europea. Sólo tres países de la zona euro tienen un IVA superior al español: Finlandia (24%), Portugal (23%) y Eslovenia (22%).

El economista asegura que bajar el tipo del 21% actual a un 10% generaría un ahorro de 30 euros al año al hogar medio, una rebaja real que “compensaría los dos últimos años de subidas en el precio de la luz”. Con esta rebaja en el IVA, el impacto sobre las arcas sería de 110 millones, apunta.

Además de suspender este impuesto, la ministra Ribera se ha comprometido a realizar una revisión profunda del sistema y a proponer medidas estructurales que afecten al funcionamiento del mercado mayorista y dar coherencia al sistema fiscal energético. 

El diésel se come la diferencia

Sólo teniendo en cuenta la subida registrada este año, esta primera medida del Gobierno -mientras se estudia una reforma más profunda del sistema eléctrico- se queda corta para paliar el bocado al bolsillo del consumidor. Pero si se tiene en cuenta que el Ejecutivo de Pedro Sánchez prevé subir el impuesto al diésel de cara a 2019, el par de euros ganados en la factura se perderán llenando el depósito del coche.

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha indicado que la subida del impuesto al diésel “prácticamente no se va a notar”. Supondrá, afirma, 38 euros cada mil litros, es decir, “unos 3,3 euros” adicionales al mes para un consumidor medio, alguien que realice unos 15.000 kilómetros al año con su coche.

En opinión de Lacalle, la subida de este impuesto tiene un ánimo meramente recaudador porque “está demostrado que la fiscalidad no produce un cambio en el consumo energético”, como se esgrime desde el Gobierno con la intención de este alza.

La intención del Ejecutivo, que está trabajando en un borrador que acompañará a los nuevos Presupuestos Generales con más medidas fiscales, es lanzar la señal de que hay que ir “más deprisa” en la reducción de emisiones contaminantes. El Gobierno insiste en que analizará en profundidad los sectores a los que afecta esta potencial subida que, por ejemplo, dejaría fuera a los profesionales del transporte.

“Los impuestos indirectos al consumo no están diseñados para desincentivar el consumo, sino para lucrarse”, sentencia Lacalle, que critica que el Gobierno no se lance a reducir la fiscalidad a las renovables ahora que pretende subir la del diésel si la transición energética es el real motor de la medida.

Una rebaja limitada e insuficiente

La primera medida de este plan de choque de Ribera contra la espiral alcista de la luz no ha dejado contentos a sus socios en el hemiciclo. Desde Podemos, Pablo Iglesias, ha pedido a Sánchez que sea “valiente” y se siente a hablar con las eléctricas. ¿Para qué? “Para poner fin de una vez a una dinámica de oligopolio”, ha afirmado el secretario general del partido morado, para quién las empresas energéticas son “responsables en última instancia” de que la factura en España sea “una de las más caras de Europa”.

El sector privado, que rechaza esos “abusos” de los que se les acusa, ya ha señalado (y el Gobierno les respalda) que la coyuntura de alza de precios se debe a un cóctel de mercado: ha habido menos generación renovable, por lo que se ha tirado más de energías fósiles -más caras debido a los precios más elevados de petróleo y, por tanto, gas-, y el salto que ha dado también el precio de los derechos de emisión de CO2 en los últimos meses.

Equo e Izquierda Unida, parte de la coalición de Unidos Podemos, también han manifestado la insuficiencia de la medida. Desde el primero han definido como “parche” la medida del Gobierno y han reclamado medidas que prioricen a los ciudadanos, no al sector privado. Desde IU, han subrayado el “efecto limitado” de la medida y sostienen que “no logrará reducir de forma significativa el abusivo recibo de la luz”.

Consumidores y autónomos: es una limosna

La medida tampoco ha dejado satisfechos a las asociaciones de consumidores ni a los representantes de los trabajadores autónomos. Desde Facua y la OCU, consideran que la medida es insuficiente para que los hogares noten una rebaja y que, incluso, puede provocar, si no se cuenta con ingresos adicionales para compensar lo que dejará de ingresar el Estado por este tributo, “una subida de las tarifas de acceso en enero de 2019”.

Estas tarifas de acceso son otro de los componentes de la parte fija del recibo de la luz (unos dos tercios de lo que se paga) y que durante los últimos cuatro años se han mantenido congeladas para evitar sumar presión adicional al bolsillo del consumidor.

Rubén Sánchez, portavoz de Facua, ha subrayado que la rebaja efectiva que implica la supresión del impuesto a la generación se traduce en “poco más de lo que cuesta un café”. Solo con los alrededor de 2,7 euros que ya se ha encarecido el recibo en lo que va de septiembre, la medida se queda corta, opinan desde la asociación.

La gran industria, a la espera de más cambios

La suspensión del impuesto a la generación impactará también a los grandes consumidores energéticos, es decir, la industria. Según el Gobierno, notarán un descenso en su factura de alrededor de un 5%. ¿Es suficiente? “Es una buena primera señal”, comenta a este periódico Fernando Soto, director general de la Asociación de Empresas con Gran Consumo de Energía (AEGE). “La rebaja nos parece bien, pero el problema del precio eléctrico es estructural y vemos necesario revisarlo en profundidad”, añade.

Desde la patronal que representa a gran parte de la industria electro-intensiva española (siderurgia, metalurgia, químicas y gases industriales), demandaban acción al Gobierno porque el encarecimiento de la luz les resta competitividad respecto a los vecinos europeos como Francia o Alemania, que pagan hasta un 30% menos por la energía. 

En el caso del recibo de la industria, alrededor de un 50% depende del precio en el mercado mayorista, una porción más elevada que la del consumidor en tarifa regulada. La brecha competitiva respecto a países como Alemania hizo que en 2017 las empresas asociadas a AEGE tuvieran un sobrecoste de unos 450 millones en su factura energética.

Aunque el impacto real de la suspensión del impuesto es difícil de cuantificar, comenta Soto, desde la AEGE habían proyectado un precio medio de la energía de 60 euros MWh para este año, por lo que con esta medida esperan ver una rebaja de unos 4 euros por MWh.

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