El Gobierno prometió medidas para contener el alza del precio de la luz, en escalada desde mayo, y ha empezado por los impuestos que paga el consumidor. La ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, ha anunciado la intención de suspender el impuesto del 7% a la generación eléctrica como una medida para que los consumidores noten una rebaja inmediata en su recibo.

“La suspensión del impuesto del 7% a la generación, es la medida más adecuada y acertada para que el Gobierno mande una señal: no puede ser el ciudadano el que afronte las turbulencias del cambio. Esto se reflejará inmediatamente en la factura”, ha asegurado la ministra durante su comparecencia esta tarde en la comisión de Transición Energética.

Esta decisión, que coincide con un nuevo máximo precio de la electricidad en el mercado mayorista (‘pool’) con 75,93 euros por megavatio hora de media, forma parte de un paquete de medidas propuesto por el Ejecutivo de Pedro Sánchez para atajar la espiral alcista en que ha entrado la luz.

La supresión de este impuesto, que aprobó en 2012 por el exministro José Manuel Soria para equilibrar los costes e ingresos del sistema eléctrico, tendría un impacto de entre un 2% y un 3% en el recibo de los consumidores.

La medida, dirigida contra el casi tercio del recibo que suponen los impuestos en el recibo de los consumidores, también se la planteaba el grupo popular. El PP, que se planteaba presentar una proposición de ley para acabar con este impuesto, estimaba que con su supresión el recibo se abarataría alrededor de un 3% y ahorraría a los ciudadanos unos 1.700 millones, que es el monto que se recauda al año bajo este concepto. Además, el alza del precio de los derechos de CO2 ayudaría a compensar esta pérdida de ingresos a las arcas estatales.

“No podemos seguir improvisando y poniendo parches incompatibles con los objetivos de descarbonización a medio plazo, generando expectativas que no se cumplen y que nos acaban pasando factura”, ha subrayado Ribera tras varias alusiones al atraso en que está España después del “tiempo perdido” por el Gobierno anterior en materia, por ejemplo, de renovables.

Bono social para la calefacción

Ribera ha incidido en que “la prioridad” del Ejecutivo es la protección a los consumidores más vulnerables. Por esta razón, entre las medidas de choque planteadas, se dará continuidad al actual bono social de electricidad, pero introduciendo con carácter inmediato una serie de mejoras que incrementarán la protección y facilitarán el acceso al mismo. Además, se creará otro bono social para calefacción.

Asimismo, el Ejecutivo elaborará una Estrategia Nacional de Lucha Contra la Pobreza Energética en los próximos seis meses para disponer de un marco de actuación en este ámbito para los próximos años.

Reforma del mercado

Además, la ministra ha asegurado que antes de que acabe el año el Gobierno estudiará la vía para hacer una "profunda reforma" del mercado eléctrico que afectará tanto a su funcionamiento como a la composición de la factura. En este sentido, la ministra ha destacado tres grandes áreas de intervención: el mercado mayorista; el sistema fiscal; y el almacenamiento.

Respecto a la primera arista, Ribera ha explicado que el sistema marginalista para la fijación de precios genera una brecha entre los precios a los que se casa la energía y los costes de las distintas tecnologías, algo que merma la competitividad de las empresas y el poder adquisitivo de las familias. Respecto a la fiscalidad, Ribera considera que debe tener una mayor coherencia.

“Estamos caminando hacia un modelo energético muy diferente, más plural, y que será positivo para el medio ambiente, la salud pública y la modernización de la economía”, ha apuntado la ministra. “Los cambios están en marcha, y aunque vamos tarde, tenemos la clara voluntad de impulsarlos”, ha añadido.