El precio de la luz, en máximos históricos, va a seguir subiendo y no hay “soluciones mágicas” para remediarlo. Ese es el mensaje con el que el Gobierno, a través de dos de sus Ministerios, ha querido poner un paño frío en todo el revuelo que está causando el hecho de que el mercado mayorista eléctrico, conocido como ‘pool’, esté arrojando precios diarios en el entorno de los 70 euros desde finales de agosto.
Las circunstancias que han llevado a estos máximos están claras, defienden desde el Ministerio de Transición Ecológica y desde las empresas energéticas: en pleno verano, con una mayor demanda energética por el calor, la generación eléctrica ha dependido de las fuentes más caras, los combustibles fósiles, materias primas que cotizan al alza en estos momentos (el carbón ha subido un 5% en el último mes, el gas alrededor de un 3,5% y el petróleo sigue también su escalada, situándose en el entorno de los 75 dólares por barril, 20 dólares más caro que hace un año). Además, las renovables -la eólica en concreto-, no han puesto su granito de arena rebajando el precio del ‘pool’ y la nuclear tampoco ha estado al nivel habitual debido a las operaciones de mantenimiento de varias plantas.
Para rematar, el precio de los derechos de emisión de CO2 se ha disparado en los últimos meses, pasando de los alrededor de 8 euros en enero a los 20 euros de agosto. Con esta receta, el precio del ‘pool’ tocó este miércoles su máximo anual situándose en 74,58 euros, y la perspectiva es que siga avanzando dado el valor de las materias primas en los mercados internacionales, adelantaba la ministra de Transición Energética, Teresa Ribera, este miércoles.
Impacto limitado sobre el recibo mensual
Otros grupos políticos y los grupos de consumidores piden ya al Gobierno que tome cartas en el asunto para atajar esta espiral alcista del precio de la electricidad que acaba llegando a cada ciudadano a final de mes.
Pero, ¿cómo afecta esta subida al recibo de la luz? El precio del ‘pool’, un elemento que el Gobierno no puede intervenir, tiene impacto tanto en los clientes sujetos a tarifa libre como a la regulada, el Precio Voluntario al Pequeño Consumidor o PVPC, pero su alcance es limitado. En el caso de los primeros, que suponen más de un 60% de los consumidores en la actualidad, porque normalmente cuando se firma el contrato se cierra un precio anual. En el caso de los clientes PVPC, sólo un tercio de su factura depende del precio del mercado. El resto del recibo, alrededor de un 65%, corresponde a costes regulados que fija el Gobierno y que se reparten entre peajes, subvenciones e impuestos.
El Ejecutivo ha asegurado que acometerá “de forma valiente” los cambios estructurales necesarios para que el incremento de precios -que va a ocurrir- sea “racional”, asegura Ribera, pero su margen de acción es limitado, ha reconocido.
Así lo adelantaba hace unos días desde Portugal el secretario de Estado de Energía, José Domínguez, que aseguraba que una solución a corto plazo es algo complicado ya que las normas europeas dejan poco margen para cambiar el funcionamiento del mercado. Tampoco ha querido levantar expectativas la ministra de Economía, Nadia Calviño. En declaraciones a RNE ha señalado que el Gobierno no puede dar “soluciones mágicas” a la subida constante de la factura eléctrica.
Todas las opciones sobre la mesa
Entonces, ¿qué hace el Gobierno? En este momento, reunirse con todos los actores del sector energético, empresas y plataformas de acción social -los ciudadanos más vulnerables se han marcado como prioridad-, para amortiguar esta situación. La ministra Ribera, que comparecerá en el Congreso el próximo 19 de septiembre para explicar las causas del alza de la luz en los últimos meses, asegura que su cartera ya está trabajando en un paquete de medidas aplicables en el corto plazo.
Actualmente, “todas las opciones están sobre la mesa”, confirman desde el ministerio a este periódico. El trabajo pasa por analizar todos los componentes de la factura, desde la fiscalidad hasta el propio funcionamiento del mercado.
"Hay que generar consensos en cada uno de los bloques de los operadores. Hay componentes fiscales, de coste regulado, de mercado... Estamos trabajando en ello y el Gobierno presentará su reflexión el 19 de septiembre en el Congreso", ha asegurado Ribera.
Para los expertos del sector, esos dos tercios de recibo que están en manos del Gobierno debido a los costes regulados y a los impuestos dan margen para que el Ejecutivo de Pedro Sánchez pueda tomar alguna decisión a corto plazo que ofrezca un respiro a los consumidores.
Las opciones pasan desde revisar el mecanismo del PVPC hasta rebajar o eliminar impuestos que se recaudan a través de la factura o traspasar costes -como las primas a las renovables que, si se sacan de la factura supondría una rebaja de unos 4.000 millones al año para los consumidores- a los Presupuestos Generales. Parece fácil, pero todo lo que se saque del recibo, apuntan los expertos, debe compensarse por otra vía para que cuadren las cuentas del sistema eléctrico.
Una de las opciones a las que podría recurrirse es la revisión del PVPC. Aunque su dependencia del precio del mercado sea de alrededor de un tercio, siendo un mecanismo pensado para los consumidores con menos recursos no parece lógico sujetarlo al ‘pool’, como apuntaba este miércoles la consejera delegada de Iberdrola España, Ángeles Santamaría. Esta situación está vigente desde 2014 y sería posible revertirla, el problema estaría entonces en decidir qué mecanismo se utiliza para fijar el precio aplicable a ese consumidor, apuntan fuentes del sector a este periódico.
A falta de que el Gobierno tome alguna decisión, sostienen que una de las claves para lograr un precio de la energía más bajo es reducir la dependencia energética de los combustibles fósiles y, para lograrlo, es necesario apostar por las renovables. Desde Acciona Energía, Rafael Mateo, su consejero delegado, ha sido claro en este sentido: “Cada día quemamos 110 millones de euros para generar energía a través de la compra de combustibles fósiles”.