Con el precio de la luz cabalgando en máximos anuales, el Gobierno se ha visto forzado a tomar medidas para paliar el bocado que sienten a fin de mes los consumidores en sus bolsillos. La primera medida que se notará en la factura es la suspensión de un impuesto, el de generación energética, que se traducirá en una caída del recibo del pequeño consumidor de hasta un 4%.

Según los cálculos preliminares del Ministerio de Transición Energética, “la suspensión de este impuesto supondría un impacto de entre el 2,5% y el 4% en la factura del consumidor doméstico y de alrededor de un 5% o 5,5% en el caso del gran consumidor industrial”, ha detallado Teresa Ribera tras su comparecencia voluntaria de este miércoles en el Congreso.

El impuesto a la generación se aprobó en la reforma del sector eléctrico de 2012, con el exministro José Manuel Soria al frente de Industria, Energía y Turismo. El tipo se sitúa en el 7% y grava las ventas totales de la energía de las empresas generadoras y se traslada al consumidor casi por completo a través del mercado mayorista.

En el caso del cliente sujeto a precio regulado o PVPC, el precio del ‘pool’ afecta a casi un 30% de su recibo, el resto es una amalgama de peajes, costes fijos del sistema e impuestos, entre ellos el 21% de IVA.

Con la suspensión del impuesto, el recibo bajará alrededor de un 2,5% de forma directa -por el menor precio de la electricidad en el mercado mayorista-, pero la reducción de la factura podría llegar hasta un 4% de forma indirecta porque el monto sobre el que se grava el IVA será inferior. Es decir, para un cliente que tenga una factura de 60,5 euros en los que 10,5 euros son el IVA, vería una reducción de su factura de alrededor de euro y medio.

El plan del Gobierno, y que probablemente encontrará respaldo en el Partido Popular porque este mismo miércoles han presentado una proposición de ley con la misma propuesta, contempla bajar el tipo de este impuesto a cero. O casi a cero ya que, según fuentes del sector, por un tema técnico, si lo bajan a cero más adelante no podría recuperarse. Según la propuesta popular, la su supresión de este impuesto abarataría el recibo en un 3% y ahorraría a los ciudadanos unos 1.700 millones.

“Bajamos el tipo porque entendemos que hay una situación excepcional que tiene que trasladarse en algún tipo de apoyo y minoración del impacto a las familias, pero forma parte también de esos elementos que hay que ver en su conjunto a la hora de hacer un análisis sobre cuál es el sistema fiscal que requiere el sistema energético”, ha subrayado Ribera.

Sin tocar el IVA por el momento

El Gobierno ha optado por este impuesto pero ha dejado intacto el IVA pese a que no han faltado voces en los últimos días pidiendo su reducción. Tanto desde el hemiciclo, como es el caso de Podemos, hasta asociaciones de consumidores como Facua. De hecho, desde esta última, no han tardado en tildar de “raquíticas” las medidas anunciadas por Ribera por considerar que “no van a representar una bajada considerable en el recibo eléctrico que pagan los consumidores”.

Ribera se ha agarrado a que el IVA es un “ingreso propio de la Unión Europea, armonizado para todo tipo de consumidores” y que eso les ha dejado sin margen de acción para darle el esperado tijeretazo. Además, agrega la ministra, “la Comisión no es muy partidaria de cambiar ni de que haya fraccionamientos por tipo de consumidor”.

Sin embargo, ella misma ha señalado que se trata de una cuestión “contraintuitiva” y que no tiene sentido que los consumidores vulnerables, a los que les corresponden los descuentos del bono social, paguen un IVA del 21%. “Dado que el impuesto no depende de nosotros, no es tan fácil. Nos habría gustado, porque el impacto sobre la factura del consumidor es obvio pero, hoy por hoy, no es posible”, sostiene Ribera.

Fuentes del sector señalan a este periódico que el Gobierno, en realidad, sí tiene margen para bajar este tipo, sin embargo, desde Bruselas podría llegar un tirón de orejas al considerar que sería discriminatorio aplicarlo sólo a la energía. Otra cuestión es la forma en que, a nivel recaudatorio, habrían compensado el monto que se dejaría de ingresar si se reduce el IVA.

En base a los Presupuestos Generales, el Gobierno esperaba ingresar unos 1.600 millones de euros este año a través del impuesto a la generación (que se dirige a financiar los costes del sistema eléctrico). Con el alza de precios de la energía de los últimos meses, ese monto este año sería superior, indican fuentes del sector. Si la suspensión del impuesto entra en vigor para octubre, se dejarían de ingresar -en base a la estimación de los Presupuestos-, unos 400 millones.

Pero las cuentas salen también porque gracias a los derechos de emisión de CO2, cuyo precio ha escalado de 8,3 euros en enero a los más de 21 euros actuales. Si el Ejecutivo esperaba recaudar unos 350 millones este año, al nivel de precios actual, la cifra se superará en alrededor de 900 millones, hasta superar los 1.200 millones para todo 2018.

Revisión profunda del mercado eléctrico

Pero la suspensión temporal de este impuesto a la generación es solo la punta del iceberg, según la comparecencia de la ministra. Esa ‘temporalidad’ se debe, como ha detallado la propia Ribera, a la necesidad de hacer un “análisis de fondo” y durará “como poco mientras se hace ese análisis y tengamos una solución estable para el conjunto del sistema energético y su tratamiento fiscal”.

Ese análisis de fondo abordará, según Ribera, tres grandes áreas: el mercado mayorista, el sistema fiscal y el almacenamiento energético.

La necesidad de esa revisión se basa, indica la ministra, en que el “los costes fijos del sistema están sobredimensionados” por errores políticos de gobiernos anteriores y porque el mecanismo actual para fijar el precio en el mercado mayorista da lugar “a situaciones absurdas”. Con el actual sistema marginalista, la última tecnología en verter su energía al ‘pool’ para satisfacer la demanda cada día es la que marca el precio al que se pagarán a todos los demás actores. La gran hidráulica y las térmicas suelen ser las tecnologías que marcan el precio de mercado.

“Estamos caminando hacia un modelo energético muy diferente, más plural, y que será positivo para el medio ambiente, la salud pública y la modernización de la economía”, ha subrayado Ribera. “Los cambios están en marcha, y aunque vamos tarde, tenemos la clara voluntad de impulsarlos”.

Impulso a las renovables y al autoconsumo

Pero la ‘receta’ de Ribera para abaratar el coste de la luz en el largo plazo pasa también por dar el impulso definitivo a las renovables y “recuperar el tiempo perdido” durante los años de Gobierno popular. Y una de las claves será el autoconsumo y el fin del conocido como ‘impuesto al sol’.

En este sentido, indicó que es necesario "hacerlo realidad", porque será una vía para reducir la factura eléctrica ya que la fotovoltaica produce a un precio más barato. 

"No podemos seguir improvisando y poniendo parches incompatibles con los objetivos de descarbonización a medio y largo plazo, generando expectativas que no se cumplen y que nos acaban pasando factura", ha afirmado lanzando un recado al anterior Gobierno al que ha acusado de "perder el tiempo", abandonar la necesaria senda renovable e impulsar medidas "poco predecibles, que generaban confusión e iban en dirección opuesta a la descarbonización". 

Bono social para la calefacción 

Ribera ha incidido en que “la prioridad” del Ejecutivo es la protección a los consumidores más vulnerables. Por esta razón, entre las medidas de choque planteadas, se dará continuidad al actual bono social de electricidad, pero introduciendo con carácter inmediato una serie de mejoras que incrementarán la protección y facilitarán el acceso al mismo. Además, se creará otro bono social para calefacción.

Asimismo, el Ejecutivo elaborará una Estrategia Nacional de Lucha Contra la Pobreza Energética en los próximos seis meses para disponer de un marco de actuación en este ámbito para los próximos años.