Las empresas tecnológicas con operaciones en España quieren aprovechar la llegada del nuevo Gobierno de Pedro Sánchez para articular una reforma del canon digital en vigor en España desde agosto del año pasado. Los fabricantes piden adaptarlo a los “nuevos hábitos de consumo”, ya que creen que su aplicación no tiene sentido en el actual contexto digital, que el coste del canon lo está pagando el consumidor y que excede en mucho el supuesto perjuicio argumentado por las entidades de gestión.

Las fuentes del sector consultadas por EL ESPAÑOL confirman que, en un año de funcionamiento, los fabricantes de los dispositivos -smartphones, tabletas, ordenadores, discos duros y otros soportes para el almacenamiento de datos digitales- sujetos al canon digital han pagado al Estado unos 70 millones de euros. Estamos hablando de empresas entre las que se incluyen gigantes como Apple, Samsung o Huawei.

Esta cifra supera en siete veces los cerca de diez millones que el propio Ministerio de Cultura calculó en 2015 como perjuicio anual para los creadores por la copia de obras digitales y en diez veces el perjuicio anual calculado por consultora Mazars en un informe realizado para la patronal europea del sector tecnológico Digital Europe.

Plataforma de las patronales

DigitalES, Ametic y Aslan han constituido una plataforma -que representa al 90% de las empresas que deben pagar el canon- para negociar las condiciones y el desarrollo del gravamen con entidades de gestión y el Ejecutivo. De esta manera, estas asociaciones llevan reuniéndose desde marzo, a instancias del entonces Gobierno del PP, al menos en cinco ocasiones con Adepi, Sgae y Cedro, entre otras. El objetivo del anterior Ejecutivo era que los afectados se pusieran de acuerdo sin asumir el coste político de tener que intervenir en el asunto.

Unos encuentros que se han producido independientemente de otras reuniones con el Ministerio de Cultura, tanto de la plataforma de todas las sectoriales como de cada una de las asociaciones a nivel particular, e incluso a nivel de empresas particulares. En todos los encuentros, las tecnológicas han advertido de lo innecesario de este impuesto en los términos en los que fue aprobado hace un año.

Según ha confirmado EL ESPAÑOL, ya se ha producido una reunión de toma de contacto entre el nuevo gabinete, la industria y sus patronales, pero casi al establecerse el nuevo Gobierno. De esta manera, y a falta de una profundización en las conversaciones, el sector está a la espera de ver cómo evolucionan los acontecimientos y confían en establecer una colaboración productiva para todos con la nueva administración.

Este canon digital está en vigor desde agosto de 2017 tras una década de debate en España y en Europa y nació con el objetivo de compensar a los creadores de contenidos por la realización de copias privadas que los usuarios hacen de libros, películas o discos.

"Modelo consensuado"

La normativa considera que la única manera de compensar por los derechos de propiedad intelectual es gravando a los dispositivos en el momento en el que se realiza la compra. De este modo, el canon establecido originalmente para los DVD vírgenes fue de unos 20 céntimos, de 1,10 euros para cada smartphone y de 3,15 euros para cada tablet, por nombrar a los más comercializados.

A un año de su puesta en marcha, fuentes de la industria consultadas por EL ESPAÑOL califican esta situación de “inaceptable”. Consideran que en una época donde los hábitos de consumo digital y desarrollo tecnológico cambian rápidamente hablar de copias privadas es parte del pasado. De hecho, -dicen- las cifras de ventas demuestran que cada vez se paga más por contenidos digitales en Internet y que cada vez se compran menos dispositivos de reproducción o grabación.

Por otro lado, consideran que los dispositivos y los servicios digitales son esenciales para el desarrollo de la digitalización y que el sector ya está soportando “una carga tributaria inasumible”. Los fabricantes creen que es necesario llegar a un modelo consensuado con todas las partes implicadas, y determinar la cuantía en función de los nuevos hábitos de consumo y desarrollo tecnológico. “También se necesita imponer transparencia y visibilidad en el sistema de reembolso del canon”, advierten.

Diez años de debate

Tras la polémica surgida por canon digital impuesto en 2007, en el Consejo de Ministros de diciembre del 2011 derogó la ley y posteriormente aprobó el Real Decreto 1657/2012, de reforma de la Ley de Propiedad Intelectual, sustituyendo el canon establecido por el PSOE para cubrir 120 millones -la compensación calculada en 2007- y fijando una cuantía de cinco millones que se sufragase con cargo a los Presupuestos Generales del Estado.

La medida fue recurrida por las entidades de gestión alegando, entre otras cosas, que el sistema español contravenía la normativa europea. El recurso llegó al Supremo quien decidió elevar cuestión prejudicial al Tribunal de la Unión Europea en septiembre de 2014. El TJUE, el 9 de junio de 2016, dictaminó que el decreto español de 2012 “no asegura que el coste de la compensación equitativa sea sufragado sólo por los usuarios”, ya que los presupuestos generales se sufragan por impuestos que también proceden de las personas jurídicas, exentas del pago del canon.

En noviembre, el Tribunal Supremo de España acordó declarar "nulo" e "inaplicable" el canon digital. Como consecuencia, se aprobó el Real Decreto-ley 12/2017, de 3 de julio, por el que se modificó la Ley de Propiedad Intelectual en cuanto al sistema de compensación equitativa por copia privada.

Por tanto, se modificó la redacción del artículo 25 LPI para sustituir el sistema de compensación con cargo a PGE por un modelo (similar al anterior al 2012 y que actualmente está en funcionamiento) basado en el pago de un importe a satisfacer por los fabricantes y distribuidores de equipos, aparatos y soportes de reproducción.